Procuraduría impulsa acciones contra la minería ilegal en el Bajo Cauca
La entidad lideró una mesa interinstitucional para reforzar el “Plan de Choque La Mojana”, con participación de ministerios, agencias y la Fiscalía.
JUDICIA
La Procuraduría General de la Nación encabezó una mesa de trabajo interinstitucional con el objetivo de revisar y fortalecer las acciones contra la minería ilegal en el Bajo Cauca, dentro del marco del “Plan de Choque La Mojana”.
En el encuentro participaron las siguientes entidades estatales: el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Fiscalía General de la Nación.
La reunión se centró en evaluar las medidas que cada entidad adelanta desde sus competencias para enfrentar el fenómeno de minería ilegal en el Bajo Cauca, que ha generado impactos ambientales, sociales y económicos en la región.
El Delegado para la Gestión y Gobernanza Territorial de la Procuraduría, Alexander López, hizo un llamado a las instituciones presentes para reforzar la coordinación interinstitucional. Para López es necesario fortalecer la articulación de esfuerzos entre entidades, considerando que esta problemática afecta directamente las medidas de atención y respuesta en La Mojana.
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Uno de los puntos destacados fue el recordatorio de la Sentencia T-038 de 2019 de la Corte Constitucional, que reconoció al río Cauca como sujeto de derechos. Esta decisión obliga a las entidades del Estado a implementar acciones concretas para garantizar la protección del afluente y de las comunidades que dependen de él.
Como resultado del encuentro, se acordó realizar una nueva mesa de seguimiento el próximo 22 de diciembre de 2025.
En esa ocasión, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentará su plan de acción en cumplimiento de la sentencia constitucional. La Procuraduría, a través de su Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, continuará con el seguimiento preventivo y técnico de las medidas adoptadas, en el marco de su función constitucional de vigilancia y control.
Con la próxima sesión de diciembre, se espera consolidar compromisos más concretos y verificar el progreso de las acciones emprendidas por las instituciones involucradas.
