Defensoría del Pueblo pide al Congreso aprobar con urgencia la jurisdicción agraria y rural
La entidad advierte que miles de campesinos, comunidades étnicas y mujeres rurales siguen sin acceso a una justicia especializada, y por tanto es imperante la aprobación de la ley
Defensoría del Pueblo. Foto: Suministrada.
JUDICIAL
La Defensoría del Pueblo instó al Congreso de la República a adelantar de manera urgente los dos debates que restan para la aprobación del proyecto de ley que fija los procedimientos y competencias de la jurisdicción agraria y rural. De acuerdo con la entidad dicha jurisdicción fue prevista en el Punto 1 del Acuerdo Final de Paz y elevada a rango constitucional mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, así como declarada exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-340 de 2025.
Para la Defensoría “hoy miles de campesinos y campesinas, comunidades étnicas, víctimas y mujeres rurales siguen sin acceso a una justicia especializada, cercana y eficaz para resolver controversias sobre tierras, propiedad, linderos, ocupación, cultivos, pesca y decisiones administrativas agrarias”.
El organismo señaló que, a diferencia de otros ámbitos judiciales que han avanzado en modernización y virtualidad, las poblaciones rurales aún siguen enfrentando largos desplazamientos, costos elevados, ausencia de acompañamiento jurídico suficiente y múltiples barreras para acreditar pruebas y hacer valer sus derechos.
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La situación afecta especialmente a las mujeres del campo, quienes de acuerdo a la Defensoría “solo poseen el 30% de la propiedad rural y acceden apenas al 4% del crédito agrario”.
De acuerdo con la Defensoría, Colombia ya cuenta con la estructura inicial para poner en marcha esta jurisdicción. Afirmó que “el Consejo Superior de la Judicatura creó el Tribunal Agrario y Rural de Tunja y designó juzgados en Cartagena, Quibdó, Popayán, Villavicencio y Tunja —algunos territorios PDET y con alta conflictividad agraria—, cuya entrada en funcionamiento solo depende de la aprobación del Proyecto de Ley 183 de 2024 Senado/398 de 2024 Cámara”.
La entidad recordó que la Ley Estatutaria ya fue aprobada y declarada ajustada a la Constitución. Finalmente, reiteró que la jurisdicción agraria y rural “es un acto de justicia con el campo y una condición indispensable para el buen futuro en las zonas rurales de Colombia”.
Para la Defensoría, la creación efectiva de dicha jurisdicción agraria y rural permitirá cerrar brechas históricas, garantizar derechos y brindar a las comunidades más excluidas una justicia especializada, accesible y digna.
