Urrá desmiente detrimento patrimonial y defiende su operación durante crisis hídrica nacional

Montería

En un comunicado de prensa fechado el 18 de noviembre de 2025, la hidroeléctrica Urrá salió al paso de lo que calificó como informaciones “imprecisas, incompletas o verdades a medias” que, a su juicio, han afectado injustamente su reputación y la confianza de la ciudadanía.

La empresa, con sede administrativa en Montería, rechazó públicamente estas publicaciones y remarcó su compromiso con la transparencia, aclarando una serie de puntos técnicos y administrativos relacionados con la aplicación del Estatuto de Situación de Riesgo de Desabastecimiento (ESRD) durante el año 2024.

Según Urrá, un informe fiscal de la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2024 no halló detrimento patrimonial alguno derivado de la aplicación de dicho estatuto. Lo anterior, en respuesta a una serie de publicaciones que surgieron en las últimas horas, las cuales señalan que Urrá habría perdido más de 241.000 millones de pesos por mala gestión comercial.

La empresa destacó que dicho documento revisó exhaustivamente los procedimientos comerciales, los rendimientos económicos y la operación de la compañía, sin que se encontraran hallazgos de responsabilidad fiscal, lo que, según sus palabras, “da por fenecida la cuenta auditada”. Este punto es central en su defensa, pues desmiente, a su entender, cualquier indicio de mala gestión o perjuicio económico.

Explicación técnica de Urrá

La situación hidrológica que vivió el embalse de Urrá durante el periodo de aplicación del ESRD fue descrita por la empresa como “diametralmente opuesta” a la del resto del país.

Lea aquí: Urrá en alerta máxima: embalse cerca de rebosar por creciente histórica en el río Sinú

Mientras Colombia enfrentaba una extensa temporada de sequía que redujo el embalse agregado nacional a cerca del 50% de su capacidad, el embalse de URRÁ se encontraba, según la compañía, por encima de los niveles máximos permitidos, con riesgo real de rebosamiento.

Esta condición, explicaron, conllevaba un “consecuente impacto económico y social en las comunidades aguas abajo del sitio de la presa”, lo que justificaba, desde su perspectiva, una gestión diferenciada.

En este contexto, Urrá defendió que su estrategia de precios en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) respondía a reflejar fielmente las condiciones reales de su embalse. La empresa recordó la lógica fundamental del MEM: “a mayor cantidad de agua, menor valor, y viceversa”.

Lea también: Central Hidroeléctrica Urrá responde a denuncias de irregularidades y favorecimiento

Afirmar lo contrario, ofreciendo precios altos en un escenario de abundancia hídrica, “hubiera generado sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, por especulación en los precios”. Esta acción, añadieron, habría ido “en contravía de la política del actual gobierno de aliviar las tarifas del usuario final”.

Contraloría “desvirtuó” detrimento

Respecto a una notificación previa de la Contraloría sobre un posible hallazgo de detrimento patrimonial, Urrá matizó que la misma entidad, tras auditar la gestión completa de 2024, desvirtuó posteriormente dicha posibilidad.

La empresa enfatizó que actuó con “el más alto grado de responsabilidad social y empresarial”, llegando a solicitar, mediante un proceso de auditoría interna, informes técnicos exhaustivos que analizaran la aplicación del ESRD.

El resultado de esta revisión interna, según el comunicado, concluyó que “no se incurrió en una práctica indebida en el actuar frente a las regulaciones que rigen el mercado de energía”.

Transparencia en el proceso

La transparencia del proceso fue otro pilar de su argumentación. Urrá aseguró que su Junta Directiva, así como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía, estuvieron enterados de las decisiones tomadas en torno al ESRD.

Este conocimiento se produjo “una vez que se conocieron las liquidaciones del administrador del mercado, en las cuales la mayoría de los agentes hidráulicos tuvieron liquidaciones negativas frente a la aplicación del Estatuto”.

Le puede interesar: Los anónimos que alertaron corrupción en la Hidroeléctrica de Urrá

Además, la empresa sostuvo que todos los organismos de control, incluyendo la Revisoria Fiscal y la Superintendencia de Servicios Públicos, recibieron la información pertinente de 2024 “sin encontrar hallazgos en la aplicación del Estatuto por parte de Urrá”.

Con estos argumentos, la empresa rebatió directamente la idea de que existió “una falta de estrategia por parte de la Gerencia de Comercialización de la Empresa Urrá que permitiera abordar de manera adecuada la aplicación del ESRD”. Insistió en que la singularidad hidrológica de su embalse, en contraste con la crisis nacional, exigía un manejo particular y ajustado a la normativa.

Sobre los comentarios públicos realizados por el anterior presidente de la empresa durante 2024 en relación con el ESRD, Urrá aclaró que estos se dieron “dentro de un contexto general del alcance del Estatuto mismo”. Reiteró que, más allá de dichas declaraciones, los precios que finalmente ofertó la compañía se establecieron siguiendo los parámetros técnicos descritos, con el doble objetivo de “evitar la especulación y el rebose del embalse”.

Para concluir, Urrá reafirmó ante la opinión pública que la actual Administración mantiene un “compromiso absoluto con la transparencia y la responsabilidad en todas sus actuaciones”. Subrayó que cada decisión técnica, administrativa y financiera se toma con el propósito central de “garantizar la operación segura y confiable del embalse y de preservar la estabilidad del sistema eléctrico nacional, en beneficio de los usuarios y del país”.

La empresa finalizó asegurando que actúa con rigurosidad dentro del marco regulatorio y en línea con la política pública del Gobierno Nacional, priorizando la defensa de una reputación institucional y una confianza pública construidas, según afirma, “durante más de dos décadas de servicio técnico al país”.