Gestorías de paz se convirtieron en beneficios para no responder a la justicia: defensora Iris Marín

En entrevista con La W, la defensora Iris Marín fue consultada sobre la situación de Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’, quien se encuentra privado de la libertad y con solicitud de extradición a Estados Unidos, pendiente de la firma del presidente de la República. A pesar del proceso, el señalado cabecilla insiste en ofrecer su colaboración y en garantizar la tranquilidad en zonas donde ha tenido influencia, como Cali, Palmira y Tuluá, a cambio de acceder a beneficios como una eventual gestoría de paz o sentarse en un espacio socio-jurídico.

Ante la pregunta sobre si tenía información concreta sobre esa intención, la defensora marcó distancia y recordó que la extradición es una decisión de carácter exclusivo del Ejecutivo. Añadió que cualquier trámite en ese sentido depende únicamente de la valoración del Gobierno.

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“No, no tengo información precisa, pues lo cierto es que la decisión final de extraditar o no a una persona solicitada en extradición es del presidente de la República, inclusive cuando ya hay un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.

En ese sentido, Marín enfatizó que la Defensoría ha sostenido que la no extradición es una alternativa válida únicamente cuando se orienta a priorizar los derechos de las víctimas. Según dijo, esa finalidad no puede confundirse con las llamadas gestorías de paz.

“Priorizar los derechos de las víctimas para mí no es equipararlo con gestorías de paz, que se han convertido en unos beneficios para no responder adecuadamente a la justicia y tampoco a los derechos de las víctimas”, afirmó.

De igual manera, la entidad reiteró que cualquier consideración sobre personas buscadas en extradición debe centrarse en si permanecer en Colombia garantiza verdad, justicia y reparación. Advirtió que, por lo tanto, la discusión no debe reducirse a promesas de control territorial sino a la disposición real de los responsables de responder ante el país.

“Aquí sería para que responda ante Colombia, ante las autoridades y ante las víctimas”, recalcó.

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Por último, la defensora Iris Marín dijo que los mecanismos de paz no pueden convertirse en atajos para evadir responsabilidades y que cualquier beneficio debe estar estrictamente vinculado a garantizar los derechos de quienes han sufrido los hechos victimizantes.

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