Procuraduría denuncia traslados ilegales de indígenas en Córdoba y pide investigación a EPS e IPS
La Procuraduría General solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud inspeccionar a la EPS Familiar Colombia y a la IPS DG-IPS por presuntas irregularidades en el manejo de la población indígena.
Indígenas de la etnia Zenú en Montería.
Montería
La Procuraduría General de la Nación ha elevado una solicitud formal a la Superintendencia Nacional de Salud para que inicie una inspección exhaustiva a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Familiar Colombia y a la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) DG-IPS.
Esta medida surge tras las denuncias presentadas por las autoridades Zenúes rurales de Montería, quienes alertaron al Ministerio Público sobre la afiliación, traslado y gestión de comunidades indígenas sin el consentimiento previo, libre e informado de sus autoridades tradicionales.
Estas acciones, según la Procuraduría, constituyen una violación clara al principio de autonomía de los pueblos originarios y al Decreto 1953 de 2014, que regula específicamente el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPl).
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Ante la gravedad de los hechos reportados, el órgano de control no solo pidió la inspección, sino que también instó a la Superintendencia de Salud a evaluar la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación.
Violación a derechos colectivos
La solicitud se fundamenta en la presunta violación de los derechos fundamentales colectivos de los pueblos indígenas, su ley de origen y la legalidad administrativa.
La Procuraduría señaló que estas irregularidades podrían englobar posibles delitos contra la administración pública, fraude a subvenciones o una afectación directa al erario nacional.
Esta situación ya había sido advertida con anterioridad por las autoridades locales. El pasado mes de mayo, el entonces secretario de Desarrollo de la Salud de la Gobernación de Córdoba, Javier Olea Blanquicet, hizo pública la inconformidad de varios usuarios del sistema de salud que afirmaron haber sido trasladados de EPS sin su consentimiento.
Varias EPS fueron señaladas
“Se revisaron las quejas que han llegado de los afectados y hasta el momento se ha logrado identificar el traslado de 151 usuarios; por tanto, se envió a la Superintendencia Nacional de Salud para que puedan indagar las razones que están motivando esa situación”, indicó el titular de la cartera de salud en el departamento en su momento.
De acuerdo con la información proporcionada entonces por el Secretario, los traslados identificados detallaban el paso de 33 usuarios de la EPS Mutual Ser a Cajacopi, 86 a Coosalud, y uno de Nueva Eps a Coosalud. No obstante, el caso de la población indígena presenta particularidades alarmantes.
Existe un reporte específico de la Dirección Local de Salud del municipio de Puerto Escondido que informó sobre el traslado de 12 integrantes de un cabildo indígena a la EPS Familiar de Colombia.
La gravedad del hecho se acentúa porque esta EPS no se encuentra habilitada para prestar el servicio en ese municipio, y la mayoría de las personas trasladadas estaban bajo tratamientos de alto costo.
La misma situación se replicó en el municipio de Puerto Libertador, donde 19 personas fueron trasladadas a la misma EPS sin autorización ni solicitud previa por parte de los usuarios.
¿Qué pueden hacer los afectados?
Frente a este escenario, los usuarios que han sido objeto de estos traslados sin autorización cuentan con opciones para defender sus derechos.
Pueden interponer una denuncia formal en la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, tienen la potestad de solicitar a la EPS donde estaban inicialmente afiliados que los reintegre.
Sin embargo, para que este proceso de reafiliación sea efectivo, los afectados deben esperar un período de tres meses, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2353 de 2015.
Esta normativa define los requisitos y procedimientos para la afiliación y los traslados entre EPS, y su artículo 50 especifica el tiempo de permanencia requerido para solicitar un traslado, un requisito que claramente no se cumplió en los casos denunciados, dejando en evidencia las irregularidades del procedimiento.
