Estos son los principales delitos en el Agro Colombiano, según experto: desarrollo y justicia
Ante la ausencia de jueces y tribunales especializados, en materia agraria, existen dudas sobre qué autoridad debe resolver estos procesos.
Agro Colombiano. Foto: Colprensa(Thot)
Los retos actuales del campo colombiano ya no se limitan a la histórica desigualdad en la distribución de tierras, sino que se enfocan en elevar la productividad, fortalecer el desarrollo rural y garantizar la correcta aplicación de la ley.
Frente a esta coyuntura, el docente de posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la ‘UNIAGRARIA’, Francisco Javier Lara Sabogal, explicó que los delitos agrarios se dividen en dos grandes grupos que reflejan la complejidad de este problema en el territorio nacional.
El primero reúne las irregularidades en los procesos de titulación, donde se evidencian conductas como prevaricato y cohecho en trámites de la Agencia Nacional de Tierras.
Adicionalmente, la adjudicación indebida de bienes baldíos a personas que no cumplen con los criterios establecidos por la reforma agraria. Esto afecta directamente los objetivos de equidad y acceso legítimo a la tierra.
Por otro lado, el segundo grupo corresponde a los delitos ambientales, entre los cuales la deforestación ocupa un lugar crítico. Con pérdidas anuales de entre 125.000 y 140.000 hectáreas de bosque, este fenómeno, ahora reconocido como delito autónomo, denota la urgencia de reforzar los mecanismos de control y protección ambiental.
¿Por qué el desarrollo económico sigue siendo la mayor limitación del campo?
Desde la perspectiva de Lara, el desafío más profundo del sector agrario colombiano no radica solo en la distribución de la tierra. También en la ausencia de un “verdadero desarrollo rural”.
Aunque existe la figura de la Unidad Agrícola Familiar, pensada para definir cuánta extensión se requiere para producir ingresos equivalentes a entre dos y dos salarios y medio mínimos, este estándar rara vez se cumple en la realidad del pequeño productor.
Asimismo, para la mayoría de campesinos, poseer tierra no se traduce automáticamente en estabilidad económica ni en una actividad productiva sostenible. Del mismo modo, el especialista sostuvo que superar esta limitación requiere una estrategia estatal integral y articulada que vaya mucho más allá de la simple adjudicación de predios.
También propuso un modelo que incluya vías en buen estado, opciones de transporte multimodal, centros de acopio eficientes, distritos de riego y una infraestructura capaz de impulsar el crecimiento productivo.
Para Lara, sin estas condiciones básicas, los agricultores enfrentan costos elevados, baja competitividad y dificultades para comercializar sus productos. Esto termina perpetuando la pobreza y profundizando las brechas históricas del campo colombiano.
¿Cómo repercute la fragmentación judicial en la atención de los conflictos agrarios?
El marco jurídico que rige las zonas rurales en Colombia presenta una notable complejidad y una falta de uniformidad que afecta la claridad en los procesos agrarios.
Lara sostuvo que los jueces y tribunales civiles de restitución se encargan de los casos derivados de la Ley 1448, mientras que los jueces administrativos asumen la fase judicial del procedimiento único.
Por ende, explicó que la ausencia de jueces y tribunales especializados en materia agraria genera dudas sobre qué autoridad debe resolver los procesos en los que existe oposición, situación que con frecuencia termina involucrando a la jurisdicción contenciosa administrativa para evaluar la nulidad de actos emitidos por la Agencia Nacional de Tierras.
A este escenario se suma la intervención del Consejo de Estado a través del recurso extraordinario de revisión agraria, así como las etapas judiciales y administrativas establecidas por el Decreto Ley 902 de 2017.
Finalmente, cabe acotar que aunque no existe una legislación diferenciada para la ruralidad, excepto en territorios indígenas, muchas regiones están bajo el control informal de grupos armados que actúan como autoridades sin respaldo legal. Para el experto, la transformación del campo requiere mayor presencia estatal, inversión real y una justicia accesible y coherente.
