Fiscalía acusa a exgobernadora del Quindío Amparo Arbeláez por donación del estadio de Calarcá
La exmandataria es acusada por los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.
Amparo Arbeláez, exgobernadora del Quindío. Foto: Cortesía Fiscalía General de la Nación
Armenia
Como posible responsable de los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación agravado, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a la exgobernadora del Quindío, Amparo Arbeláez Escalante.
Según la Fiscalía, la exmandataria Amparo Arbeláez Escalante es señalada de tramitar una ordenanza ante la Asamblea Departamental, que le permitió transferir bienes y celebrar un contrato de cesión gratuita de un predio público de 19.527 metros cuadrados con la Asociación Abrazar.
Contexto:
En la investigación detallan que, se materializó la entrega del terreno a la entidad privada con las escrituras públicas 2686 del 12 de diciembre y 2853 del 29 de diciembre, ambas de 2007. Dichos documentos fueron registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos el 4 de enero de 2008.
La ordenanza no autorizó la transferencia del escenario deportivo a un privado
En el documento se señala que el bien cedido, ubicado en la variante Calarcá (Quindío) – Ibagué (Tolima), fue destinado para poner en funcionamiento la sede de la asociación beneficiada e incluyó el estadio de fútbol Guillermo Jaramillo Palacio, desconociendo la ordenanza departamental que no autorizó la transferencia del escenario deportivo.
Sin embargo, en el curso de la investigación se conoció que el particular sacó provecho del recinto y asumió su administración.
Cabe recordar que, por orden judicial, el estadio fue restituido a Calarcá el 28 de abril de 2022.
Fiscalía habla de otras anomalías
Producto de estas actuaciones quedaron en evidencia otras posibles anomalías como la autorización que se dio para ceder a una entidad privada un predio de uso público, que realmente pertenecía al municipio y no al departamento, aspecto que generó un detrimento patrimonial superior a 12.100 millones de pesos.
Así como la ausencia de estudios de conveniencia para la donación del inmueble e inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá, situación que presuntamente indujo en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio.
Cabe recordar que por este mismo caso esta siendo investigado el exgobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas que para la época de los hechos era el representante legal de la Fundación Abrazar.
