Negociaciones con armados y violencia contra Inpec: lo que revela sobre la seguridad en el país
Panelistas analizaron lo que viene ahora que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano entregará 14 toneladas de armamento y lo que refleja la violencia contra dragoneantes del Inpec.

Negociaciones con armados y violencia contra Inpec: lo que revela sobre la seguridad en el país
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Foto: Inpec
En Hora20 el panorama de seguridad y paz que se mueve entre los avances en la negociación con las disidencias de Walter Mendoza, la destrucción de material de guerra y lo que esto implica para las negociaciones de paz. Después, lo que está pasando con la seguridad de los dragoneantes del Inpec y la posible presencia de colombianos en las lanchas interceptadas por Estados Unidos en el Caribe. Por último, el futuro del Pacto Histórico en medio de las dificultades y obstáculos de la consulta.
Lo que dicen los panelistas
Daniela Gómez, exviceministra de Defensa, investigadora en temas del conflicto y politóloga, explicó que los acuerdos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han dado bajo los acuerdos especiales que están enmarcados en el DIH, sin embargo, detalló que no hay marco jurídico como el que el gobierno quiere, “tenemos la ley 1908 del gobierno Santos que habla de la solución de negociar la paz en adelante y ofrece marco jurídico, pero no es lo que negocia el gobierno”.
En cuanto a la violencia contra el Inpec, dijo que esto responde al Plan Dominó, una estrategia en la que los cabecillas capturados están siendo trasladados cada mes a distintos penales con el fin de desconectar las redes y luchar contra la extorsión, “esto llevó a una calma y está ligado con paz total. El responsable es “Pipe Tuluá”, el que maneja La Inmaculada, el señor está detenido, hubo acercamiento para sometimiento, pero eso se está enfriando y por eso se retomaron asesinatos de dragoneantes”.
Daniel Valero, editor de política de El Espectador, planteó que desde la Ley de Paz Total la Corte Constitucional ya estableció un escollo al frente judicial de los procesos de negociación, con lo cual, aseguró que hay un freno directo a los mecanismos judiciales de sometimiento de las organizaciones armadas. En esa medida, planteó que una vez se destruyan las armas, no se sabe qué va a pasar con los armados, si pagarán cárcel más adelante y si hay intención política sólo de mostrar resultados, “no hay marcos jurídicos concretos, entonces aparece la constituyente, el congreso se renueva el 8 de marzo, entonces bajo lo que se ha dicho es hablar de constituyente, una pregunta es si esto entra o no este tema. Ya hay análisis jurídico sobre el tema y qué tanto puede entrar una discusión de este tipo”.
En el plano del Inpec, dijo que la violencia demuestra el reto que significa romper el contacto entre las cabecillas que están en las cárceles y las estructuras armadas que están en las calles y que no son con los que se negocia, “los asesinatos no se ordenan en la calle, eso es en la cárcel y las medidas se intentan impulsar, hablamos de reforma al Inpec, de cambios en cárceles, de reforzar sistema punitivo”.
Ariel Ávila, senador de la república por la Alianza Verde e investigador en temas del conflicto, señaló que el acuerdo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano está enmarcado en un escenario de fragmentación de grupos armado, entendiendo que esta organización que es la suma de tres estructuras es realmente la disidencia de la disidencia de la Segunda Marquetalia, organización que surgió de los desertores del acuerdo de paz con las Farc en 2016. Explicó que esta no es una organización jerárquica y que realmente el efecto de su eventual desarme no será superior a 15 municipios en Popayán y Cauca. Por último, habló de los riesgos jurídicos, ante la ausencia de un marco en el que se tramiten los crímenes y delitos cometidos, “hay figura que uno podría pensar que jurídicamente, no políticamente y es hacer lo que hizo Dantos de forma exitosa con una disidencia para que era el ERPAC en 2011 donde hubo sometimiento semicolectivo bajo la figura de principio de oportunidad; entonces el camino jurídico existe, pero está lejos de derechos políticos”.
Para Mauricio Toro, excongresista, exdirector del Icetex y politólogo, el Gobierno no tiene una línea jurídica clara de cómo lograr su Paz Total, “lo han demostrado en los procesos que han establecido, y por ende no llegarán a lo que se propusieron en un principio”. Destacó que lo ocurrido refleja el desorden de las negociaciones impulsadas por el negocio, “está la microsegmentación de negociaciones en territorio y eso se ve en la calle; las negociaciones son hechas con desespero y el afán para dar resultados y no hay hilo conductor”.
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