Juez avala acusación a exsecretaria de Educación de Quintero y programa juicio oral
La audiencia de juicio oral iniciará el 9 de junio del 2026 y se extenderá hasta noviembre con más de 30 fechas programadas.

Medellín, Antioquia
Un juez de conocimiento avaló la acusación de la Fiscalía en contra de Alexandra Agudelo Ruiz, exsecretaria de Educación de Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle, dentro del proceso penal que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del programa Buen Comienzo.
La exfuncionaria irá a juicio junto a Lina María Gil, directora técnica del programa Buen Comienzo y Henry Paulison Gómez, representantes de la Corporación Colombia Avanza. Esta entidad fue contratista del programa y están implicadas en las irregularidades denunciadas por el ente acusador.
Más de 30 fechas para juicio oral entre junio y noviembre
Tras dos audiencias preliminares realizadas los días 13 y 28 de mayo, el juez del caso programó una extensa agenda de audiencias de juicio oral, que se extenderán durante seis meses.
Las sesiones están previstas para los siguientes días:
Junio: 9, 11, 17, 18, 24 y 25
Julio: 7, 9, 15, 28 y 29
Agosto: 25 y 26
Septiembre: 2, 3, 8, 9, 16, 17, 22, 23, 29 y 30
Octubre: 13, 14, 20, 21, 27 y 28
Noviembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25
Las irregularidades en el programa Buen Comienzo
La acusación formal, presentada el 4 de junio de 2025, se centra en tres contratos del año 2020, en particular el número 4600085185, suscrito por más de 20 mil millones de pesos para la atención a la primera infancia. Según el escrito de la Fiscalía, se celebró el contrato sin cumplir los requisitos legales, se habría direccionado para favorecer a la Corporación Colombia Avanza, y se identificaron sobrecostos en los paquetes alimentarios que habrían generado un detrimento patrimonial de más de 1.400 millones de pesos.
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La Fiscalía también acusa a los implicados de un segundo hecho relacionado con otro contrato —el número 4600085448— para el suministro de alimentación durante la emergencia sanitaria por COVID-19, en el cual también se habrían apropiado de más de 830 millones de pesos. Un tercer contrato mencionado, el 4600085302, involucraría un desvío de más de 126 millones hacia Plaza Mayor, para un detrimento total que superaría los 956 millones adicionales.



