“Petro ve persecución en todo; que gobierne”: exregistrador sobre consulta interna Pacto Histórico

El exregistrador nacional Juan Carlos Galindo lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro, en medio del debate por la incertidumbre jurídica y política que rodea la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre. En entrevista con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Galindo aseguró que el mandatario “ve persecución en todo” y le pidió “dedicarse a gobernar” en lugar de victimizarse por las decisiones de las autoridades electorales.

“Para el presidente todo es persecución, es una victimización permanente de absolutamente todos los temas. En vez de gobernar, se la pasa victimizándose y diciendo que todo el mundo va en contra de él. Le recomendaría que se dedique a gobernar”, afirmó Galindo en diálogo con Vanessa de la Torre.

Un panorama jurídico sin precedentes

El exregistrador explicó que el caso del Pacto Histórico es de una complejidad jurídica inédita. Actualmente, la Registraduría Nacional debe decidir si procede o no con la realización de la consulta, luego de una serie de decisiones judiciales y resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que han dejado vacíos legales.

El CNE había aprobado parcialmente la fusión de algunos partidos —Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista— bajo la figura del Pacto Histórico, pero supeditó la unión definitiva a que se resolvieran los procesos sancionatorios antes del 8 de noviembre. Además, negó la integración de otras colectividades que no cumplieron los requisitos.

A esta situación se suma una medida cautelar de tutela que frenó temporalmente el proceso, y cuya resolución definitiva aún no ha sido notificada oficialmente a la Registraduría. Según Galindo, esto deja a la entidad en una posición difícil: “La decisión es muy compleja y el tiempo es corto. Seguramente el Tribunal notificará hoy, y la Registraduría deberá definir su postura frente a lo que proceda”.

¿Consulta interna o interpartidista?

Entre las alternativas planteadas, se ha mencionado la posibilidad de transformar la convocatoria en una consulta interpartidista, en la que participen únicamente las colectividades cuya fusión fue aprobada. Sin embargo, Galindo aclaró que esa decisión dependería del Consejo Nacional Electoral, que tendría que habilitar una fecha especial antes de marzo, cuando se realizan las consultas interpartidistas regulares.

“Esa podría ser una salida, pero en este momento es solo una hipótesis. El CNE tendría que examinar si existen mecanismos para facilitar los procesos democráticos internos de los partidos de cara a las elecciones de 2026”, explicó el exregistrador.

Costos y tiempos apretados

La Registraduría ya comenzó parte de la organización logística de la jornada, incluyendo inscripción de candidatos, elaboración de la tarjeta electoral y solicitud de recursos al Ministerio de Hacienda. Según Galindo, el costo estimado de la consulta ronda los 200 mil millones de pesos, y parte de esos recursos ya se han invertido.

“Adelantar unas consultas en tan corto tiempo es muy complejo. Normalmente un proceso electoral toma más de un año de preparación”, indicó. También recordó que el próximo 19 de octubre se celebrarán las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, lo que complica aún más la capacidad logística de la Registraduría.

Una decisión con impacto político

Galindo advirtió que, si finalmente la consulta interna del Pacto Histórico no se realiza, se corre el riesgo de perder recursos públicos. Pero enfatizó que más allá del dinero, el mayor reto está en la falta de claridad normativa.

“El país nunca había enfrentado una situación así. No hay antecedentes. La Registraduría deberá usar todas las herramientas jurídicas posibles para tomar una decisión responsable”, subrayó.

Contexto político tenso

Las declaraciones de Galindo llegan en un momento en que el presidente Petro ha denunciado un supuesto boicot político contra la consulta del movimiento que lo llevó al poder. No obstante, el exregistrador insistió en que se trata de un asunto estrictamente legal y no de persecución política.

“Este no es un tema de persecución, es un tema jurídico y de procedimiento. Lo que se necesita ahora es responsabilidad institucional”, concluyó.