Agencia de Tierras aclara denuncias por presunto uso irregular de predios de reforma en Baraya
Se investiga posibles irregularidades, donde estaría involucrado un familiar del alcalde del municipio.
Se han identificado conflictos internos, hechos de violencia . Foto Redes Sociales.
Neiva
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se pronunció frente a las denuncias de la ciudadanía, que vinculan a un hermano del alcalde de Baraya, Huila, en el uso de predios adjudicados a campesinos dentro del proceso de reforma agraria. Según la entidad, el terreno de 666 hectáreas fue entregado de manera provisional a una organización campesina que también se identifica como víctima del conflicto armado. Sin embargo, se detectaron presuntas irregularidades relacionadas con la explotación del terreno y la presencia de ganado perteneciente a terceros.
De acuerdo con la ANT, estas entregas son temporales y tienen una vigencia inicial de tres meses, prorrogable por igual periodo, mientras se adelantan los estudios técnicos y sociales para su adjudicación definitiva. Durante este tiempo, la Agencia evalúa el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las comunidades beneficiarias, quienes deben garantizar el uso adecuado de la tierra, la producción agrícola y el respeto a los acuerdos firmados.
Lester Garrido, director de la agencia en el Huila, comento que “La institución también advirtió que ha identificado conflictos internos, hechos de violencia y posibles persecuciones entre miembros de la comunidad campesina. Además, señaló que algunas autoridades locales, como la Personería Municipal, estarían difundiendo mensajes que desconocen los alcances del programa nacional de tierras y promueven discursos excluyentes que obstaculizan los procesos de acceso a la tierra por parte de campesinos, indígenas y firmantes de paz”.
Finalmente, la ANT reiteró su compromiso con la implementación de la reforma agraria en todo el territorio nacional y con la vigilancia del uso correcto de los predios entregados. “No vamos a permitir que intereses particulares o locales interfieran en un programa que busca justicia social, equidad y reconciliación en el campo colombiano”, afirmó la entidad, destacando que continuará trabajando en la verificación de cada entrega y en la defensa de los derechos de las familias rurales.
