Sentencia de la JEP: sanciones, proporcionalidad y víctimas

En Hora20 el análisis a la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para el macrocaso de secuestro. El análisis al alcance de las penas, la proporcionalidad de las sanciones, del papel de las víctimas, cómo queda la justicia y sobre cómo la JEP llegó a las conclusiones que conoció el país este martes. El debate también sobre cómo será el cumplimiento de las penas, los compromisos de los exintegrantes del secretariado de las Farc, los mensajes que han enviado y lo que viene para futuros casos.

Lo que dicen los panelistas

María Camila Moreno, directora del ICTJ para Colombia, antropóloga e investigadora en derechos humanos, señaló que la sentencia de la JEP es histórica, “la sentencia tiene un valor simbólico enorme porque reprocha jurídicamente los más graves crímenes. Además, por primera vez se les imputa y se les condena por delitos. Hasta ahora los miembros de antiguo secretariado fueron condenados en ausencia, nunca en una oportunidad, una como esta y reconociendo graves crímenes cometidos”. Además, dijo que los efectos para las víctimas son importantes en la medida que materializa sus derechos y conocer qué pasó. Detalló que las víctimas han tenido la oportunidad de participar en todos los momentos procesales, por ejemplo, aportando informes, haciendo observaciones a reconocimientos de responsabilidad y también plantear propuesta de sanciones.

Por último, dijo que la proporcionalidad de la pena siempre será objeto de debate y explicó que los ocho años se explican en la medida que es lo que contempla la ley y lo que se acordó en 2016.

Gloria María Gallego, abogada, doctora en Derecho, profesora universitaria, directora del grupo de investigación ​Justicia y Conflicto, columnista, manifestó que este juicio y la sentencia simbolizan un mensaje para el país, “es la reafirmación del Estado de derecho como marco para resolver conflictos y como una preeminencia del derecho frente a la lógica de violencia en Farc y retornados antiguos miembros a la vida civil, es un paso en la consolidación de la paz, que se logra reconociendo a víctimas y reconociendo responsabilidades penales”.

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De otro lado, lanzó críticas sobre puntos de la sentencia, como la necesidad de que los antiguos miembros deban elaborar balances de información sobre desaparecidos y trabajar con la Unidad de Búsqueda, pues considera que ese es un tema que no da espera. También cuestionó que se invoque la posición de garante a los máximos líderes de las Farc como base de responsabilidad, “eso es un despropósito”, señaló.

Yesid Reyes, abogado, exministro de Justicia, profesor universitario, columnista y exconjuez de la Corte Constitucional, también apuntó que la sentencia es histórica porque comprende siete crímenes de guerra y cinco de lesa humanidad, “no hay antecedente de esto y de que un grupo armado reconozca que lo hizo”. Manifestó que la decisión es histórica en términos globales y que los antiguos miembros son sancionados con la máxima pena dentro de las posibilidades que establece la ley, “la JEP planteó al secretariado de Farc que ellos habían sido responsable de una docena de crímenes internacionales, ellos aceptan y por 12 crímenes internacionales la JEP les impone la máxima sanción posible que son 8 años con obligación de trabajo restaurativo; la proporcionalidad es innegable entre lo que prevé la ley como sanción máxima y lo que hace con máxima sanción por docena de crímenes internacionales”.

Frente a los derechos políticos, a pesar de la sanción, explicó que la sentencia manifiesta que si no se impone una sanción autónoma de privación de derechos políticos, mientras cumplan con las sanciones y el trabajo restaurativo.

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Para Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y profesor universitario, el análisis de la sentencia no puede pasar sobre porqué al expresidente Uribe 12 años y acá sólo ocho años, “estamos ante un modelo de justicia transicional operando, profiriendo condena en marco de justicia transicional, son 600 páginas, teóricamente difícil de lograr y que puede tener discusiones y debate”. Además, dijo que es una decisión histórica y que dará tiempo de estudio en 300 años como un hito; “es un hito en la historia judicial del país”.

Comentó que sería preocupante cómo ante un año electoral puede terminar vendiendo el hecho de desacreditar la sentencia, “lo importante es no caer en la trampa”.

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rigths Watch, manifestó que esta es la primera sentencia de modelo de justicia transicional, “es un modelo para el mundo, estudiado a nivel global que administra justicia como resultado acuerdo de paz y atribución de responsabilidad por crímenes de guerra, lesa humanidad y reconocimiento de responsabilidad; ese paso es fundamental hacia el cumplimiento del deber internacional de juzgar a responsables de crímenes internacionales y satisfacer víctimas”.

Explicó que la ley plantea un componente restaurativo y otro retributivo, “el Acuerdo habla de los dos componentes, de lo reparador y contenido de restricción efectiva de libertad. Me preocupa, siguiendo en el estudio de sentencia, que terminamos con una descripción de restricción bajo un mecanismo de monitoreo eléctrico que no es un brazalete, parece ser un beeper”. Además, recordó que tras la renegociación se estableció una restricción de libertad en espacio delimitado, lugar de residencia y solo empezar a descontar tiempo en el espacio territorial definido y verificable, “en la lectura inicial de la sentencia no veo delimitación y por eso hago el llamado para que se delimiten las zonas”.

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