Gremios del Caribe interponen acción judicial para exigir solución a la crisis de Air-e
La Veeduría también denunció falta de acceso a la información solicitada a los interventores
Oficina de la empresa de energía Air-e. Foto: Air-e Intervenida.
Los gremios económicos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, agrupados en la Veeduría Ciudadana del Proceso de Toma de Posesión de Air-e Intervenida, interpusieron una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico con el fin de obligar al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes frente a la grave crisis financiera y operativa de la empresa distribuidora de energía.
La demanda busca que la Superintendencia de Servicios Públicos, junto con los ministerios de Hacienda y Minas y Energía, gestionen de manera inmediata recursos para el Fondo Empresarial que permitan garantizar la estabilidad de la compañía, asegurar un suministro confiable a más de 1,3 millones de usuarios y evitar un eventual colapso del sistema eléctrico nacional.
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Deudas que se triplican bajo la intervención
Según la Veeduría, las deudas de Air-e alcanzan los 3,6 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones se generaron en el primer año de intervención estatal. El pasivo con las generadoras de energía pasó de $825 mil millones antes de la toma de posesión a más de $2,4 billones en la actualidad, lo que pone en riesgo la operación de las plantas térmicas que dependen de estos pagos para adquirir combustibles.
Air-e, que atiende cerca del 11% de la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN), es responsable de recaudar alrededor de $41 mil millones mensuales para el sistema de transmisión. La situación es aún más crítica en la región Caribe, donde concentra el 44% de la demanda del Sistema de Transmisión Regional Norte.
Riesgo de apagón y mayores tarifas
La Veeduría alertó que en 2026 Air-e deberá comprar en bolsa hasta el 70% de la energía requerida para atender su mercado, lo que encarecerá las tarifas y afectará directamente a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Asimismo, denunció que el plan de inversiones en modernización y mantenimiento está paralizado, lo que deteriora la calidad del servicio y aumenta la amenaza de apagones en la región.
Críticas a la gestión gubernamental
El balance del primer año de intervención por parte de la Superservicios fue calificado como deficiente, debido a la falta de un plan claro, la inestabilidad institucional, con dos ministros de Minas, tres superintendentes de servicios públicos y cuatro agentes interventores en 12 meses, y la apertura de investigaciones de la Procuraduría y la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en el manejo de la empresa.
La Veeduría también denunció falta de acceso a la información solicitada a los interventores, lo que motivó la interposición de una acción de tutela ante el Consejo de Estado para garantizar derechos de petición y debido proceso.
“Evitar un apagón en el Caribe”
Los representantes gremiales afirmaron que utilizarán todas las herramientas jurídicas disponibles para evitar un apagón en la Costa Caribe y lograr que se preste un servicio de energía estable, eficiente y de calidad.
La Veeduría Ciudadana está integrada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la ANDI seccional Atlántico-Magdalena.
