Petro vs Congreso y Altas Cortes: así ha sido la relación entre los poderes públicos este tercer año

Colombia

El tercer año del presidente Gustavo Petro en el gobierno tuvo como protagonistas los choques institucionales que se presentaron con las otras dos ramas del poder público, por distintos ámbitos. Se materializó la molestia que tenía el Gobierno, por ejemplo, por el poco avance de su agenda social en el Congreso, en donde se habían hundido ya las reformas Laboral y de Salud 1.0.

Este año estuvo marcado, en primera medida, por las tensiones que se generaron por el anuncio de la Consulta Popular. El Gobierno le apostó en dos oportunidades a este mecanismo ante la negativa de la Comisión Séptima del Senado para aprobar la Reforma Laboral en su tercer debate.

Luego de que esta comisión decidiera archivar el proyecto, sin dar el debate al articulado, Petro dio inicio a esta estrategia de “consultar al pueblo” sobre si debían hacerse cambios estructurales al sistema laboral colombiano y al sistema de salud. Para poder proceder debían solicitar el aval del Senado, autorización que fue negada en dos ocasiones.

El primer momento fue el más tenso, pues en medio de señalamientos de irregularidades en la votación, que quedó con dos votos de diferencia, el Gobierno terminó diciendo posteriormente que el pronunciamiento del Senado (negando el concepto) carecía de validez, pues se había presentado de manera extemporánea.

Esto quería decir, de acuerdo con la teoría del Gobierno, que el presidente Petro estaba facultado para poder convocar la Consulta. Y así procedió, en un acto denominado como “el decretazo” y que para el presidente de la rama legislativa en ese entonces, Efraín Cepeda, fue un “desconocimiento al Congreso”.

“Es absolutamente ilegal, una violación a la autonomía de dos poderes públicos, no solamente el legislativo sino el poder judicial, porque si alguien no está de acuerdo con una decisión debe ir hasta los jueces y ellos son los que toman la decisión, no el Gobierno de un solo plumazo. Nosotros sí acudimos al Consejo de Estado y estoy seguro de que le tumban eso por arbitrarios”, declaraba el parlamentario conservador.

Cepeda fue protagonista de la mayoría de choques que tuvo el presidente Petro con el Congreso en este tercer año de mandato. Lo terminó apodando como “el jefe de la banda” y aseguraba que tenía el objetivo de torpedear la agenda de gobierno. El desencuentro inicial se dio por cuenta del proyecto de ley con el que se establecía el Presupuesto para el 2025.

Dicho proyecto fue negado, junto con la denominada ley de financiamiento o reforma tributaria 2.0, con la que el Gobierno esperaba recaudar aproximadamente $12 billones de pesos. Cepeda había señalado que lideraría la oposición a esta iniciativa y en repetidas ocasiones dijo que tenía los votos para su hundimiento, y así fue. En consecuencia Petro tuvo que emitir el Presupuesto por decreto y posteriormente recortarlo debido a que estaba desfinanciado en esos 12 billones.

La agenda social, principalmente la reforma a la Salud, ha causado también diferencias entre el poder ejecutivo y el legislativo. A pesar de ser la iniciativa bandera para el presidente, a la fecha sigue sin poder culminar su trámite.

La relación de Petro y las Altas Cortes

Este año la relación entre el presidente de la República y las altas cortes del país parece no mostrar mayores acercamientos. En redes sociales el presidente ha cuestionado algunas decisiones judiciales y a su turno los magistrados en sus fallos defienden la autonomía de la Rama Judicial.

Uno de los temas que quizás ha provocado mayores rifirrafes es la Reforma Pensional. El presidente Petro en varias oportunidades ha catalogado al presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez como un magistrado que busca dilatar la implementación de dicha ley en Colombia.

“El magistrado Ibáñez presume que yo convoqué las extras estando en territorio extranjero. Se equivoca y es comprobable. El problema está en que desconfía de la Presidencia de la Cámara de Representantes y desconfía del presidente de la República porque, en su conciencia, no quiere, por razones ideológicas ajenas al derecho, que se aplique la ley pensional en Colombia”, afirmó el mandatario el pasado 24 de julio.

Asimismo, otro tema polémico fueron las trasmisiones de los consejos de ministros que estaban tardando hasta dos horas por canales públicos y privados. Frente a este tema, el Consejo de Estado determinó que dichos consejos solo podrían ser trasmitidos por los canales públicos y más no por los privados, pues ese espacio es exclusivo para las alocuciones presidenciales.

Este fallo causó que le presidente asegurara que los consejeros estaban coartando su libertad de expresión: “¿Por qué los programas de Duque no fueron censurados, si eran todos los días? ¿No se aplica la misma doctrina jurídica, simplemente porque su ideología era la misma de los magistrados?”, indicó el presidente Petro en su momento.

Este tipo de pronunciamientos han llevado que las altas cortes, desde todos los espacios académicos e incluso en las posesiones de nuevos magistrados hagan un llamado a la independencia judicial y a respetar la separación de poderes.

Por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, aseguró que ante hechos de desacato y que vulneren la separación de poderes, se debe mostrar la fortaleza de las instituciones.

“En tiempos en los que la separación de poderes se pone a prueba, es importante recordar que la colaboración armónica significa respeto mutuo, madurez institucional y compromiso con la democracia en momentos en que Colombia necesita más que nunca instituciones fortalecidas este acto refuerza la legitimidad de nuestras funciones”, indicó Tejeiro.

Cabe resaltar que los magistrados y el presidente han intercambiado espacios de cordialidad, sin embargo, continua siendo una relación que se desarrolla en medio de controversias por las decisiones judiciales.