Interpol sigue sin emitir circular roja contra Carlos Ramón González, pese a solicitud de Fiscalía
Hace exactamente un mes el ente acusador formalizó la solicitud de orden de captura internacional en contra del alto exfuncionario.
Carlos Ramón González
En un oficio dirigido a las víctimas que dejo el entramado de corrupción que desfalcó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, la Fiscalía General de la Nación informó que ya formalizó la solicitud de circular roja de Interpol en contra el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González.
A pesar de haber realizado el trámite desde el pasado 4 de julio, Interpol sigue sin materializar la expedición orden de captura internacional.
“El grupo DIJIN de la Policía Nacional, asociado a la Fiscalía General de la Nación para el macrocaso por los graves hechos de corrupción que se presentaron al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; realizó el trámite correspondiente a la emisión de la circular roja contra CARLOS RAMÓN GONÁLEZ MERCHÁN, mediante una solicitud de notificación roja que fue remitida el 04 de julio del año en curso, a través de comunicación oficial dirigida a la Organización Internacional de Policia Criminal (INTERPOL); sin embargo, a la fecha, la oficina en Colombia de dicha organización, no se ha pronunciado al respecto”, dice la Fiscal María Cristina Patiño en un oficio dirigido a Pablo Bustos, quien representan a un grupo de las comunidades Wayuu en este proceso judicial.
Carlos Ramón González- prófugo de la justicia y quien estaría en Managua, Nicaragua- fue señalado de ser el líder que, a través de Olmedo López, gestionó el pago de $3 mil millones a Iván Name y $1 mil millones a Andrés Calle a cambio de agilizaran el tramite de las reformas sociales del Gobierno. Ambos expresidentes del Congreso, permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota por estos hechos.
El pasado 3 de julio, el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Leonel Rogeles dictó medida de aseguramiento en una cárcel en contra del alto exfuncionario por dos de los tres delitos que le imputó la Fiscalía: cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
El ente investigador apeló la exclusión del delito de lavado de activos y la defensa busca tumbar la medida de aseguramiento. Ambos asuntos serán resueltos por el Tribunal Superior de Bogotá, que ya estudia el caso.
