Justicia

César Manrique, exdirector de Función Pública y otras 7 personas serán imputadas por desfalco a la UNGRD

El ente acusador les imputará cargos por “la reducción de $100.000 millones de un convenio” entre la UNGRD y la Agencia de Tierras.

César Manrique, exdirector Departamento del Deprtamento Administrativo de la Función Pública. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

César Manrique, exdirector Departamento del Deprtamento Administrativo de la Función Pública. Foto: (Colprensa - Álvaro Tavera)

La Fiscalía General de la Nación anunció que otras ocho personas serán judicializadas por sus participaciones en el entramado de corrupción que se apropió de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.

Según el ente acusador, estarían involucradas “en uno de los eventos delictivos detectados, la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras -ANT-”.

La lista de imputados por estos hechos la encabeza César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. Deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Lo otros imputados

El abogado Édgar Riveros Rey: por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.

Los contratistas de la UNGRD, Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo: por los delitos delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.

Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, de la empresa Yapurutú: por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.

Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD: por el delito de lavado de activos.

El ente acusador les imputara cargos y pedirá cárcel para ellas.

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