Gobierno y JEP coordinan condiciones de seguridad para implementar primeras sentencias restaurativas

El Ministerio de Defensa y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegaron a acuerdos para garantizar las condiciones de seguridad necesarias en la implementación de las primeras Sanciones Propias que serán impuestas como parte del modelo de Justicia Transicional Restaurativa en Colombia.

Estas primeras decisiones judiciales se dan en el marco del Caso 01, que investiga secuestros cometidos por las extintas FARC, y en el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, donde se juzgan homicidios y falsos positivos a manos de agentes del Estado.

Ambas sanciones se encuentran en etapa previa a su emisión, luego de celebrarse las Audiencias Públicas de Verificación, en las que se revisaron las condiciones para que los comparecientes asuman compromisos restaurativos con las víctimas.

En ese contexto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, lideró un espacio junto con la cúpula militar y policial, altos funcionarios de la JEP y delegados del Gobierno Nacional, para definir los aspectos operativos, logísticos y administrativos necesarios para implementar los proyectos restaurativos que harán parte de las sanciones.

“Estamos próximos a que la JEP emita las sanciones en el marco de su competencia. Nosotros, como Ministerio de Defensa, hemos suministrado más de 2.230 documentos con información requerida por la JEP, para que actúe con total verdad, transparencia y pueda emitir las sanciones respectivas”, afirmó el ministro Sánchez.

El Ministerio se encargará de garantizar condiciones de seguridad en los territorios donde se ejecuten los proyectos restaurativos, involucrando a víctimas, comparecientes, comunidades locales, funcionarios judiciales y misiones internacionales de verificación.

Por su parte, el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, habló de la importancia de este respaldo, afirmando que es importante para que no se generen nuevos riesgos:

“Estas primeras sentencias que se van a emitir prontamente deben poder cumplirse en los territorios con garantías. Por eso, valoramos enormemente la voluntad del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa para que estas sanciones se implementen sin generar nuevos riesgos o afectaciones para las partes involucradas”, señaló.

También participaron en la reunión la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias, presidenta de la Sección de Reconocimiento de Verdad, y el magistrado Pedro Elías Díaz Romero, presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, junto con otros togados de la JEP y representantes de las Fuerzas Militares.