Secuestro de 150 militares en Jamundí: Ministro de Defensa advierte consecuencias legales
El jefe de la cartera de Defensa afirmó que la población estaba siguiendo órdenes de la disidencia Jaime Martínez.
En medio de una operación militar contra la estructura criminal Jaime Martínez, disidencia de las FARC al mando de alias Mordisco, cerca de 150 soldados del Ejército Nacional fueron secuestrados momentáneamente por más de 600 personas vestidas de civil en la vereda Villa Colombia, zona rural de Jamundí.
El hecho fue calificado como una “gravísima violación a la ley y al orden constitucional” por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
El ministro aseguró que los civiles habrían sido constreñidos por el grupo armado para actuar como escudos humanos y obstaculizar el accionar militar.
“Intentaron arrebatarles sus armas e interrumpieron violentamente una Operación Militar que se está adelantando contra la estructura criminal Jaime Martínez de las disidencias de alias Mordisco, que delinque en la zona y es responsable de narcotráfico, secuestro, asesinato, extorsión y terrorismo en esa zona.”, afirmó.
Durante la asonada, los manifestantes intentaron desarmar a los soldados y frenar la operación militar, que no tenía como blanco los cultivos ilícitos, sino componentes clave del narcotráfico como laboratorios, rutas, finanzas y cabecillas de la organización.
“La misión continúa, esto no nos doblega ni detiene a la Fuerza Pública para cumplir nuestra misión. Ajustamos la estrategia pero no cambiamos el objetivo”, dijo Sánchez.
También hizo énfasis en que los militares y policías gozan de derechos humanos y de la legítima defensa, recordando que la agresión a servidores públicos en ejercicio es un delito tipificado en los artículos 429 y 430 del Código Penal colombiano.
Asimismo, recordó que el Estado ofrece una recompensa de hasta 3.284 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias Marlon, uno de los principales cabecillas de la disidencia en el suroccidente del país.
Finalmente, el ministro dejó planteada una reflexión dirigida a la opinión pública:
“¿Por qué estas personas vestidas de civil atacan a la Fuerza Pública y no hacen lo mismo con los criminales de la Jaime Martínez? ¿Por qué no permiten que llegue el Estado con legalidad y oportunidades para mejorar las condiciones sociales y económicas de los habitantes de esta región?”
El Ministerio de Defensa confirmó que ya se iniciaron investigaciones penales y disciplinarias para determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no queden en la impunidad. Mientras tanto, la Fuerza Pública sigue desplegada en la zona.
