Admiten demanda por retrasos de la Gran Vía: comerciantes reportan caída hasta del 50% en ventas
La demanda es contra el Instituto Nacional de Vías (Invias), la Gobernación Del Atlántico- Edubar S.A. y el Consorcio Malla Vial Und F2.
Foto: X Gobernador Eduardo Verano.
Una acción de grupo fue admitida por el Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla, en representación de 29 comerciantes del sector Villa Campestre y Country Club Villa, en el municipio de Puerto Colombia. La acción judicial fue interpuesta por el abogado Eliecer Sierra Torres, quien representa a los afectados, y busca una indemnización por perjuicios materiales ocasionados por los prolongados retrasos en la ejecución de la malla vial en la zona.
La demanda es contra el Instituto Nacional de Vías (Invias), la Gobernación Del Atlántico- Edubar S.A. y el Consorcio Malla Vial Und F2, entidades que tienen un plazo de 10 días para pronunciarse.
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La entrega de la obra estaba pactada para septiembre del 2024, pero los retrasos han llevado a prorrogarla hasta el 30 de junio de 2026. El valor inicial del contrato firmado en el 2022 fue de 94 mil millones de pesos.
“Es una acción de grupo, pues la regla general del derecho establece que debe haber mínimo 20 personas iniciándola, y que exista una causa común generadora del daño. En este caso, se trata de la construcción de la malla vial, su retraso y todas las inconsistencias que ha tenido, las cuales afectan actualmente la actividad comercial y han provocado una reducción de ingresos de hasta el 50 % en dichas actividades”, dijo Eliecer Sierra, representante de los comerciantes.
Comerciantes estacionarios afectados
Además de los comerciantes establecidos, la acción incluye también a vendedores informales y estacionarios, especialmente los ubicados frente a la Universidad del Atlántico y la Universidad San Martín.
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“A esto no solo se suman los comerciantes formales, sino también los informales o estacionarios ubicados en la entrada de la Universidad del Atlántico y en el tramo de vía mencionado, cerca de la Universidad San Martín. Estos comerciantes aseguran haber sido engañados, y algunos hacen parte de esta acción colectiva, en la que se contempla una indemnización administrativa que oscila entre los 9 y 12 millones de pesos. Afirman, además, que han ejercido su actividad comercial en ese sector durante más de 20 años”, precisó.
Los comerciantes tienen previsto realizar una manifestación este jueves 31 de julio frente a la Gobernación del Atlántico, como forma de reiterar su inconformidad y exigir soluciones estructurales.
