Defensora confirma la liberación de 9 contratistas del Cauca secuestrados por disidencias Farc

La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó en entrevista con 10AM de Caracol Radio, la liberación de los nueve funcionarios de la Gobernación del Cauca que habían sido secuestrados en el municipio de López de Micay.

Los trabajadores fueron retenidos cuando participaban en una reunión con juntas de acción comunal en la zona, como parte de las labores institucionales que se adelantan en ese territorio.

Según reportaron las autoridades, las víctimas habrían sido liberadas por integrantes del Bloque Occidental de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, y se encuentran en buen estado de salud tras permanecer más de una semana en cautiverio.

Las disidencias justificaron la retención de los funcionarios, indicando que “estaban haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional cuyo objetivo es inhibir señales y derribar drones”. En una prueba de supervivencia publicada el pasado 19 de julio, uno de los contratistas de la Gobernación expresó que, “nos han requerido que expliquemos puntualmente un proyecto de inhibidores de drones, con base en una necesidad que presentó la Fuerza Pública".

Los nueve contratistas liberados son: Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona, Leidy Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambagüé, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.

Paro armado en Chocó

Durante la entrevista, Marín también expresó su profunda preocupación por el paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en todo el departamento del Chocó. La defensora detalló los graves impactos que esta situación está generando en la población civil, especialmente en el acceso a bienes y servicios básicos, así como en la seguridad y movilidad.

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“Este es un paro especial porque es el primer paro que decreta el ELN en los últimos años en todo el departamento,” señaló Marín, destacando que aunque el ELN no tiene una presencia dominante en todo Chocó, el mensaje que envían genera controles en la movilidad fluvial y terrestre. Esto impacta directamente el transporte de pasajeros, la entrega de bienes y servicios básicos, el acceso a las escuelas y a la atención en salud.

La defensora recordó que el departamento ya enfrenta inundaciones, lo que agrava a un más la situación. “Esto hace que haya una doble afectación, porque es gente que ya de por sí necesita asistencia humanitaria por las inundaciones, está afectado en los ingresos de comida y el pancoger, y con el paro armado quedan muchísimo más indefensos ante esta situación,” explicó.

Marín advirtió la presencia y disputas territoriales de otros grupos armados como el Clan del Golfo y las disidencias de ‘Iván Mordisco’ aumentan los riesgos para la población. “Cuando un grupo decreta el paro armado, obviamente es para neutralizar la acción del otro grupo, generar una ventaja militar, pero el otro grupo generalmente también da una contraorden que pone en mayor riesgo a la población”, dijo.

Ante la pregunta sobre el papel del Ejército, Marín señaló que las alertas tempranas vigentes en el Chocó recomiendan el uso disuasivo de la fuerza. No obstante, reconoció que el control de los grupos armados es dominante en muchas áreas y, la Fuerza Pública aún no tiene la capacidad de proteger a la población ni de ingresar a estas zonas de manera efectiva. “No es tan fácil como entrar y sacarlos, porque ya tienen un dominio, ya tienen un control, y es la fuerza pública la que tiene que evaluar las condiciones de seguridad,” explicó.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: