Tribunal confirma condena al Estado por falso positivo en Granada, Antioquia
Además, se ordena el pago de indemnizaciones por perjuicios morales y afectación a derechos constitucionales, a 18 familiares de la víctima.
Foto de referencia
Medellín, Antioquia
El Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó en un fallo que la muerte de Norberto de Jesús Isaza Guzmán, ocurrida en julio de 2003 en el municipio de Granada, fue consecuencia de una ejecución extrajudicial atribuible al Ejército Nacional, dentro del contexto de los llamados falsos positivos.
Isaza Guzmán, quien se desempeñaba como vendedor de frutas y cargando bultos en la minorista en Medellín, fue abordado por hombres vestidos de civil que lo convencieron de realizar un supuesto trabajo de cargue. Días después apareció muerto en un supuesto enfrentamiento con tropas del Ejército, presentado como integrante de un grupo armado ilegal.
La investigación judicial y pruebas forenses evidenciaron que nunca existió enfrentamiento y que las víctimas fueron asesinadas y posteriormente maquilladas como bajas en combate.
El fallo concluye que los hechos hacen parte de una práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales que fueron “presentadas como operativos militares legítimos”, y que las víctimas, entre ellas Norberto Isaza, “fueron enterradas como NN tras haber sido asesinadas en estado de indefensión”.
Lea también:
El Tribunal ordenó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional enviar una carta de disculpas y reconocimiento oficial a los familiares, la cual deberá estar firmada por el Ministro de Defensa, el Comandante del Ejército y el Comandante de la Cuarta Brigada, aclarando que Isaza no pertenecía a ningún grupo armado ilegal y que fue víctima de una ejecución extrajudicial.
Además, el Tribunal modificó el fallo de primera instancia y estableció el pago de indemnizaciones por perjuicios morales y afectación a derechos constitucionales, a 18 familiares de la víctima, entre ellas a la madre, hermanos y sobrinos quienes solo tuvieron conocimiento del paradero de Norberto en 2015.
Este fallo se suma a los múltiples pronunciamientos judiciales que han reiterado la responsabilidad del Estado colombiano por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado y llama la atención sobre la persistente necesidad de verdad, justicia y reparación para las víctimas.
