Comité Antipeaje pide a presidente de la ANI liquidar el contrato de concesión Autopistas del Caribe

Cartagena

El Comité Antipeaje hizo un llamado al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres Yarzagaray, para que contemple la liquidación del contrato de la concesión Autopistas del Caribe, que opera la Troncal de Occidente desde Cartagena hasta Gambote, y la carretera de la cordialidad hasta Barranquilla.

El funcionario dijo recientemente que a finales de este año se conocerá la decisión del futuro de esta concesión, la cual se encuentra en riesgo de terminación anticipada por el no cobro a vehículos categorías I y II en el peaje de Turbaco. También se contempla la construcción de uno nuevo en jurisdicción del municipio de Luruaco, Atlántico.

Solicitan mesa de diálogo entre Comité Antipeaje y comunidad para llegar a acuerdos

A través de los micrófonos de Caracol Radio, Ángel Barreto, miembro del comité, reiteró la necesidad de una decisión concertada con las comunidades y que prevenga futuros conflictos.

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Según Barreto, cualquier decisión sobre el futuro de la concesión debe involucrar activamente a las comunidades afectadas, ya que la falta de diálogo podría desencadenar nuevamente vías de hecho. El líder del comité Antipeaje, dijo que el contrato debe ser liquidado por parte de la ANI por presuntas irregularidades.

“Nosotros aspiramos y esperamos que sea liquidada porque hemos evidenciado y aportado las pruebas de la cantidad de irregularidades que tiene el contrato a la ANI y a los entes de control de Colombia. Por ejemplo, hubo una mala estructuración de un proyecto en el 2014, o sea, 7 años antes, eso es inaudito. Además, hay auditorías internas desde el 2017 que establecen las irregularidades y que mandaron a paralizar ese contrato, sin embargo, lo siguieron haciendo”, expresó.

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No se ha dado una conversación con el presidente de la ANI, solo a través de derechos de petición: Comite Antipeaje

Barreto lamentó que, hasta el momento, no ha habido una mesa de diálogo con el presidente de la ANI, y la información obtenida ha sido a través de derechos de petición con respuestas “muy largas” y poco concretas.

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“La Contraloría pues emite esos conceptos sin estudiar el contrato, porque si estudia el contrato hay una matriz de riesgo que exime al Estado de pagar cualquier multa o cualquier indemnización a la concesión. Que se lea el contrato en la cláusula 17.2, ahí está estipulado el eximente del Estado”, puntualizó.

Cabe recordar que la Contraloría advirtió que en febrero de 2025 el contrato de concesión ya habría agotado sus recursos para el pago de compensaciones y, en consecuencia, podría entrar en causal de liquidación anticipada, obligando a un cuantioso pago adicional al concesionario de hasta $400.000 millones, también sin haberse construido las obras previstas.