Gobierno recorta recursos de la SAE para la Fiscalía y la Rama Judicial: quedaron en ceros
Por decreto se modificó el presupuesto del Fondo FRISCO que maneja los bienes de extensión de dominio y otros de la SAE. Se distribuyeron recursos a ministerios, pero se recortaron a los organismos judiciales.
Gobierno recorta a cero recursos de la SAE para la Fiscalía y la Rama Judicial
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Gustavo Petro con la institución de la SAE (Getty Images)
En medio de la fuerte controversia por el déficit presupuestal y los gastos del Gobierno, fuentes de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial confirmaron a Los Confidenciales de Caracol Radio que, por decreto, el gobierno del presidente Gustavo Petro habría eliminado por completo las transferencias que por ley deben recibir del Fondo FRISCO.
Estas transferencias las maneja la SAE con recursos provenientes de los procesos de extinción de dominio y otros.
¿Por qué se dio el recorte de recursos de la SAE en la Fiscalía y la Rama Judicial?
Según los documentos oficiales conocidos por esta sección, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó inicialmente el presupuesto del FRISCO para 2025 con la Resolución 0002 de 2024, destinando más de $106 mil millones de pesos, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley 1708 de 2014 para la Rama Judicial, la Fiscalía, la Policía Judicial y la Defensoría del Pueblo.
Sin embargo, una modificación a este presupuesto, registrada en el documento “Anexo Modificación Presupuesto FRISCO 2025”, recortó esos recursos, argumentando el incumplimiento de metas de ingresos en 2024, en apenas un 48 % del recaudo esperado. De esta manera, la transferencia total a la justicia fue eliminada.
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Lo que ha generado malestar en la Fiscalía y la Judicatura, según las fuentes consultadas, es que el recorte solo aplica para la Rama Judicial. El rubro de Política Antidrogas se mantuvo intacto con $330 mil millones para 11 ministerios, incluyendo Justicia, Salud, Defensa, Agricultura, y hasta Cultura.
Así lo denuncian fuentes de la Fiscalía y de la Rama Judicial, quienes aseguran que se estaría violando el artículo 91 de la Ley 1708.
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Las mismas fuentes confirmaron que se prepara un pronunciamiento conjunto de la Fiscalía y la Judicatura, y el tema podría llegar a instancias judiciales, incluso a la Corte Constitucional.
