Consejo de Estado deja en firme elección de magistrado de la Corte Suprema

El Consejo de Estado negó una demanda presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, quien solicitaba la anulación del acto mediante el cual se eligió a José Joaquín Urbano Martínez como magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Ortiz interpuso la demanda el 13 de enero de 2025, basándose en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, pues alegaba que con su nombramiento no se cumplía la equidad de género y paridad al interior de las altas cortes.

“El reproche recae sobre la actuación del órgano elector, dado que aquel incumplió el deber que le impone la Constitución y la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia en el entendido dado por la Corte Constitucional, según la cual, incluso en la etapa de selección de magistrados, debe alcanzarse la equidad de género y la paridad al interior de las altas cortes de manera gradual y paulatina”, se lee en el fallo.

En su acción judicial, pidió:

1. Declarar la nulidad del Acuerdo 2444 del 24 de octubre de 2024, por medio del cual se eligió a Urbano Martínez.

2. Anular también el acto de confirmación de esa elección, emitido el 21 de noviembre de 2024.

3. Que, en caso de aceptarse su solicitud, el proceso de elección se reinicie desde ese punto, respetando la lista de candidatos elegibles, pero con el objetivo de lograr una mayor presencia de mujeres en la Corte.

¿Qué decidió el Consejo de Estado?

En su sentencia, el alto tribunal negó todas las pretensiones del demandante. En otras palabras, ratificó la validez de la elección del magistrado y consideró que no había lugar a anular el acto ni a modificar el proceso.

Además, la decisión aclara que contra esta petición no procede ningún recurso, por lo que el fallo es definitivo.

¿Por qué es relevante esta decisión?

El caso se enmarca en un debate más amplio sobre la representación de género en las altas cortes. Aunque la demanda fue rechazada, puso sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de elección para garantizar una participación más equitativa de mujeres en los cargos más altos del poder judicial.