Gobierno sigue alimentando a detenidos en estaciones: en Bucaramanga hay más de 600 detenidos
El alcalde rechazó el hecho de sacar recursos para alimentación de los privados de la libertad, que al año al municipio le costaría $10 mil millones.
Hernando Mantilla, defensor derechos carcelarios en Santander
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Bucaramanga
El 1 de julio terminaba el plazo para que el Gobierno Nacional le delegara a los entes territoriales la función de cubrir el gasto de alimentación para privados de la libertad, en las URIs y estaciones de policía.
En reiteradas ocasiones mandatarios de ciudades capitales rechazaron esta orden, como en el caso del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.
“Nos reunimos con el Procurador General para abordar la situación sobre la alimentación de los privados de la libertad en estaciones. En Bucaramanga esta responsabilidad fiscal nos costaría anualmente cerca de 10 mil millones de pesos, lo que desfinanciaría otras prioridades del plan de desarrollo municipal”, comentó en su momento el mandatario.
Por tal motivo tanto él como otros alcaldes pidieron extender el tiempo para avanzar en un plan de contingencia que permitiera evitar tal crisis económica.
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Sin embargo en las últimas horas la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional seguir cubriendo el servicio alimentario.
“La Corte Constitucional extendió esa responsabilidad a la Uspec, para que a partir del 1 de julio sigan realizando esa tarea. Para eso deben hacerse unos trámites administrativos y económicos ante el Ministerio de Hacienda porque se trata de dinero bastante alto. La idea es que se pueda cumplir debidamente y que las personas privadas de la libertad tengan la posibilidad de una alimentación por lo menos digna”, explicó Hernando Mantilla Medina, defensor de los derechos carcelarios de Santander.
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A la fecha en el área metropolitana de Bucaramanga hay 607 detenidos. Son ocho estaciones de la policía repartidas en la zona norte, centro y sur de la capital santandereana. Dos en Floridablanca, una en Girón, una en Lebrija y otra en Piedecuesta.
“Como siempre está pasando los entes territoriales no se encargan de la forma de vida de las personas privadas. Ellos se encargan simplemente de su judicialización. No les importa el hacinamiento que hay en esos sitios, que ya va en más del 1,000% específicamente en la estación norte de Bucaramanga”, agregó Mantilla Medina.
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Con el cambio de esta decisión del Gobierno Nacional se espera delegar nuevos recursos a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y mientras tanto se emplean contratos adicionales que se hicieron en el mes de abril de este año; para poder de de ahí tomar esos dineros y que se cumpla esa responsabilidad.
