Procuraduría activó plan de seguimiento por homicidio de concejal en San Andrés de Cuerquia
La entidad investiga si el concejal era víctima de amenazas o vulneración de derechos humanos.
Juan Camilo Espinoza Vanegas, concejal asesinado- foto video alcaldía de San Andrés de Cuerquia / Norbey Eliecer Valle David
San Andrés de Cuerquia, Antioquia
La Procuraduría General de la Nación anunció que activó un riguroso plan de seguimiento al homicidio del concejal Juan Camilo Espinoza Vanegas, ocurrido el pasado 16 de junio en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte antioqueño, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos humanos.
Ministerio Público articuló un trabajo conjunto con los procuradores regionales y provinciales, quienes establecieron contacto con las autoridades investigativas para determinar si el joven era objeto de amenazas personales o si su labor como concejal pudo haber desencadenado el hecho violento en su contra.
A su vez, se indicó que la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) información sobre si el concejal había solicitado algún tipo de esquema de seguridad, ante la posibilidad de que hubiera recibido amenazas contra su integridad.
¿En qué van las investigaciones?
La Procuraduría informó que tras la captura de un menor de edad como presunto responsable del homicidio, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, la Familia y la Mujer designó un procurador judicial del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Este funcionario ha acompañado las audiencias preliminares y continuará haciendo seguimiento al proceso, con el propósito de verificar que se respeten los derechos del joven aprehendido y se garantice el debido proceso.
Las autoridades han atribuido el asesinato del concejal al frente 36 de las disidencias de las Farc. Además, ofrecieron una recompensa de hasta $50 millones por información que permita dar con la captura de los responsables.
La Procuraduría condenó el acto de violencia contra el servidor público y subrayó la urgencia de fortalecer las acciones para prevenir riesgos y amenazas contra líderes en el país.
