Violencia política y tensiones institucionales, ¿cuál es el impacto en proceso electoral del 2026?
Panelistas debatieron si los partidos deben estar o no en la Comisión de Seguimiento de Asuntos Electorales, el alcance de la polarización y las dinámicas de violencia política-electoral.

La senadora María Fernanda Cabal (i) sale del congreso para unirse a la "Marcha del silencio". EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Duenas Castaneda (EFE)
En Hora20 el análisis a fondo a los efectos en el proceso electoral del 2026 bajo el actual contexto de violencia política tras el atentado a Miguel Uribe y las tensiones en términos institucionales, las diferencias entre algunas cabezas de distintos poderes públicos y la incidencia de la polarización. El análisis a las garantías electorales, del clima para hacer política y la forma como se marca el camino de cara a las elecciones del 2026.
Lo que dicen los panelistas
Mónica Pachón, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes, PhD en Ciencia Política, experta en sistemas electorales y presidenciales, planteó que la actual circunstancia es particular porque el presidente nunca había sido enemigo de la institucionalidad, “Petro es un gran enemigo de institucionalidad: nombra a Saade, ¿en tono amigable? ¿Para qué? ¿Cerrar el Congreso? ¿Constituyente? ¿Cómo es posible que eso sea bajar el tono?”, en esa medida, recordó que en el pasado Barco defendía la institucionalidad, lo mismo Gaviria, Pastrana y todos sin distingo eran líderes en medio de crisis, líderes de institucionalidad, “había un enemigo que era externo, pero ahora el enemigo es interno, entonces destruimos el Estado para construir otra cosa y la pregunta es qué se quiere construir”.
Bajo ese argumento, dijo que le da la razón a los partidos e instituciones que lidean con ese panorama y deciden decir que el Presidente no es lídere y que prefieren al procurador, “aunque él no es el gran defensor del Estado de derecho”.
Camilo Granada, economista, politólogo, consultor y exalto consejero para las comunicaciones de la Presidencia, resaltó que hay un ambiente enrarecido, “muchas personas dicen que se parece a la violencia de finales de los 90 como la terrible ola de atentados de candidatos en esa campaña y esto no se había visto, es cierto, pero cuando se mira conjunción de cosas creo que es una mezcla de la violencia política partidista de los años 40 con la descalificación y el insulto, sumado a la violencia política terrorista desestabilizadora del 90 con la situación de pérdida de control territorial de principios de los 2000 en Pastrana”. Con lo cual, comentó que es mezcla de cosas y crisis en orden público y fracaso de paz total donde criminales toman control creciente del territorio.
Resaltó que lo del atentado contra Miguel Uribe es muy grave porque marca el tono, “la descalificación es permanente como la que hubo contra el registrador, pero es un error de oposición desconocer al Presidente como jefe de garantías electorales”.
Frente a los actos del Gobierno, dijo que hasta ahora las instituciones han demostrado que frenaron los intentos de romper la institucionalidad como fue claramente el tema del decretazo, “ahí es donde juegan un papel instituciones para frenar intentos u actos violatorios de institucionalidad y ley, pero la política es otra cosa y entrar a hacerle huelga al Presidente al para el proceso de organización de las elecciones le hace flaco favor a la democracia”.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, señaló que el ambiente en el país está enrarecido ante la falta de claridad con lo que está pasando, “hay mensajes contradictorios y confusos donde el Ejecutivo pone en duda las instituciones del Estado que debe respetar y proteger. Todo se metió en una licuadora: atentado a Miguel Uribe porque es un antes y un después para el tono electoral, la discusión de la consulta marca un tono porque ya ni hablamos de consulta porque ya se hablaba de asamblea popular constituyente, un congreso que hace labor, una Corte Constitucional sobre la Pensional, uno esperaba que eso bajara niveles de controversia, pero parece que nada es suficiente, ojalá el receso legislativo permita volver respirar”.
Manifestó que es muy grave que se rompa la credibilidad de la Comisión de Seguimiento a procesos electorales, pues explicó que es un organismo en el que se organiza la gobernabilidad de las elecciones, “ahí están todas instituciones que hacen parte en organización electoral y es un ejercicio de gobernanza electoral que permite en un país como este tener un proceso electoral; espero que este mes permita bajar el tono y volver a ajustar los temas”.
Por último, dijo que se debe separar el ambiente enrarecido en términos políticos donde no se reconoce al contradictor y son enemigos, a la violencia política ejercida por organizaciones armadas en varias regiones del país, “hay relación directa entre el poder que tienen armados por control económico, político y social en estos territorio, eso lo separaría del atentado contra miguel Uribe porque son otras características; no es la misma violencia”.
Laura Bonilla, politóloga, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, manifestó que la violencia político-electoral no es solo de sectores políticos, “no hay un escenario donde sectores ejercen violencia unos contra otros, pero sí hay sectores de criminalidad organizada que atentan contra la democracia. Todos los sectores democráticos tenemos un enemigo común y eso no se ha entendido del todo”. De otro lado, dijo que hay un clima de violencia política o ideológica que no es distinta, “pero es otra cosa, una cosa es el clima de polarización y otro es quienes ejecutan violencia político electoral y eso son cosas distintas. Puede que sí y que no se retroalimenten. El atentado contra Miguel Uribe con lo trágico y desafortunado nos da luces sobre lo que pasa; no necesariamente el clima de odio entre partes y violencia política causó atentado. Creo que es un problema de crimen organizado”.
En esa medida detalló que los grupos armados cada vez se parecen más, “todo grupo necesita un político y donde hay disputa, control y renta de grupos en este momento lo hacen por propósito político y no ideológico. Me da mucho miedo que esta violencia política que hoy vivimos nos recuerde del pasado y no los 90 y los 2000, aunque sí es un ciclo distinto de violencia, tiene otros actores, pero no quiere decir que no tengan propósitos similares”.



