Así cayó en el Congreso la suspensión del decreto que convoca la Consulta Popular

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Luego de que el Consejo de Estado anunciara la suspensión del decreto con el que el Gobierno Petro convocó a la Consulta Popular, afirmando que no hubo pronunciamiento del Senado, distintos sectores en el legislativo reaccionaron a esta decisión que pone freno a la intención del presidente de llamar a las urnas.

El Consejo de Estado respondió a una demanda presentada por 12 senadores que insisten en que sí se votó y se negó el concepto favorable a la Consulta, por lo que el decreto es inconstitucional. Uno de estos senadores es Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien celebró la decisión.

“El Gobierno debe cambiar rápidamente de asesores jurídicos. El ‘decretazo’ es inconstitucional y lo que ha hecho el Consejo de Estado con la demanda que presentamos es respetar la separación de poderes y calmar los ánimos de dictador que ha mostrado el presidente de la República”, afirmó el congresista.

También se pronunció en ese mismo sentido la senadora y presidenta de Cambio Radical, Nadia Blel: “es una voz de esperanza para todos los colombianos, pero especialmente para la democracia. Esta es una noticia que nos alegra a los defensores de la legalidad y el orden constitucional. Lo más importante es que suspende esos efectos. Por lo tanto, mientras el Consejo adelanta esta investigación, el presidente, el gobierno, el registrador, no podrán utilizar recursos de los colombianos”.

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, también miembro de este grupo de parlamentarios que presentó la demanda, consideró que “la decisión busca proteger el Estado de Derecho y evitar un daño irreparable. Este auto resalta la importancia de la separación de poderes y el rol de los mecanismos de pesos y contrapesos en el sistema democrático. Todo nuestro apoyo al Consejo de Estado y a la justicia en general”.

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Otros sectores, ajenos a la demanda, también se manifestaron. El senador del Partido Verde, Ariel Ávila, consideró que “era crónica de una muerte anunciada, se sabía que esto lo iban a decidir los jueces, que seguramente el Consejo de Estado tomará una decisión y eso podría llegar a la Corte Constitucional. Sin embargo, esto puede quedar zanjado, porque si los conciliadores llegan a un acuerdo frente a la reforma laboral, habrá una reforma muy buena y el presidente tendrá que cumplir su palabra de retirar el decreto”.

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Desde el partido de gobierno, el Pacto Histórico, la senadora María José Pizarro afirmó que “nosotros siempre respetamos las decisiones de la justicia; esperamos que en el análisis que arranca en estos días analice muy bien las tutelas presentadas, no solamente por los parlamentarios, también por la sociedad civil y que analice también el fallo de tutela que busca o que ordena respetar mis derechos, dada la clara violación a las garantías parlamentarias durante la votación de la Consulta Popular”.