“No es correcto avanzar en una consulta con semejante controversia jurídica”: registrador Penagos

El registrador nacional, Hernán Penagos, defendió este martes en La W su decisión de no avanzar con la organización de la consulta popular impulsada por el Gobierno Petro, al considerar que existe una “controversia jurídica de marca mayor” entre ramas del poder público y que corresponde a las altas cortes resolverla.

“Hoy existe en Colombia una controversia jurídica que pone en riesgo el principio de separación de poderes. Dos ramas del poder público están enfrentadas en relación con un asunto muy importante que define el artículo 104 constitucional”, dijo Penagos, quien aseguró que “el registrador de Colombia no es un juez, ni mucho menos un magistrado de una alta corte”.

Por esa razón, Penagos dijo que sería “irresponsable” avanzar en la organización de la consulta mientras no haya una decisión de fondo por parte de las cortes. Según dijo, están en juego recursos cercanos a los 750 mil millones de pesos, que podrían perderse si el proceso se invalida posteriormente.

“No es correcto ni serio avanzar en los trámites de una consulta popular cuando tenemos semejante controversia jurídica (...) Comprometer esos recursos puede terminar en un grave detrimento patrimonial”, aseguró

Ahora, detalló que en el Consejo de Estado cursan 97 tutelas y más de 45 acciones de nulidad, mientras que en la Corte Constitucional hay 11 acciones de inconstitucionalidad contra el decreto que convoca la consulta. A eso se suma la decisión del Senado, que negó la solicitud y que, según el Consejo de Estado, es un “acto administrativo de contenido electoral y definitivo”.

Por otro lado, el registrador explicó que, en el tiempo disponible para preparar el proceso, que son 52 días, es materialmente insuficiente organizar una consulta de esa magnitud, con participación en el exterior, capacitación de más de 650 mil jurados y logística en 124 consulados y 67 países.

“Una consulta popular no es diferente a unas elecciones ordinarias como las del Congreso o la Presidencia. No podemos realizarla en 52 días, necesitamos mínimo tres meses”, señaló.

Sobre los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien calificó su decisión como un “acto de sedición”, Penagos respondió: “Estoy cumpliendo mi deber y siendo responsable con los recursos del Estado (...) En un Estado democrático y de derecho, lo correcto es que sean las cortes las que decidan los asuntos controversiales”.

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