¿Hacia dónde conduce la firma del decreto que convoca la consulta popular?

En Hora20 una mirada a la mezcla de hechos que vive el país. Una ola de violencia que azotó ayer al suroccidente del país con 19 atentados, la discusión de la Reforma Laboral que avanza en último debate, un presidente que firma el decreto que llama a la consulta popular en medio de una movilización en Cali y los efectos en las tensiones institucionales; todo esto cuando el país sigue atento a la salud del precandidato y senador Miguel Uribe, víctima de un atentado el pasado sábado. 

Lo que dicen los panelistas 

Gerson Arias, politólogo, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz y exdirector temático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, planteó que la firma del decreto conduce a una escalada de polarización que cada vez es más perjudicial, “hay una interpretación ilegal que conduce a plantear que se vulnera la separación de poderes, se deben a agotar vías institucionales”. De otro lado, dijo que hay que saber leer lo que pasa en el país, “el Presidente con este viaje a Cali no lee bien al país, hay ambiente en el que en Senado se discute la Reforma, pero amenaza con que si no se aprueba lo que quiere, sigue su camino”, todo esto, asegura que se da en medio de una grave situación de orden público, cuando organismos de seguridad oficiales apuntan que 22 mil personas pertenecen a organizaciones armadas. 

En cuanto al panorama de orden público, dijo que ahora se trata de contener la violencia mejorando las capacidades de la Fuerza Pública, de otro lado, dijo que se debe enfrentar dinámicas como el control de la población que hay por parte de grupos armado, “eso es difícil para poder actuar por parte de la tropa y en procesos de judicialización. Hay que contener la amenaza y el problema del próximo gobierno es muy grande, garantizar procedimientos de control territorial, movilidad de la Fuerza Pública”. 

Gabriel Silva, exministro de Defensa, exembajador en Washington, columnista y politólogo, planteó que el Gobierno insiste en plantear un debate jurídico sobre el decreto de la consulta popular, cuando se conoce que es evidente la ilegalidad, inconstitucionalidad y los errores jurídicos,  “pero en lo político hay que entender que la Consulta no tiene propósito de reformar el régimen laboral, tiene propósito más oscuro y tiene propósito de hacer campaña para el Pacto Histórico y sospecho que veremos también actos similares a los de Venezuela con consultas populares de Chávez donde se aprovecha la legitimidad supuesta de manifestación del pueblo para expandir un mandato hacia otras cosas como la reelección o una constituyente que en el fondo son los temas que al Presidente le interesan”. También señaló que el Gobierno quiere usurpar la capacidad del poder constitucional y determinar si un hecho es legal o no, si es constitucional o no, “el Presidente se autonombró con capacidad de definir si un acto del legislativo era constitucional y legal y decidió que no y como líder autoritario manifestó su insatisfacción por decreto”. 

Sobre la violencia en el país, dijo que el Gobierno sistemáticamente a desmembrado deliberadamente la capacidad de la Fuerza Pública, su experiencia, estructura y conocimiento. 

Angelika Rettberg, politóloga y decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, señaló que la firma del decreto que llama a la consulta popular es la reacción de un presidente frustrado ante la dificultad de avanzar en su agenda de cambio y promesas de reformas que no se han dado por cuenta de las dificultades y lentitud del proceso institucional. También dijo que juega de manera importante un elemento como la cercanía de las elecciones presidenciales del 2026, en el que se busca movilizar sus bases y la agenda, “la consulta sí sirve para dar motivos y organización a un componente electoral más organizado”. Resaltó que el Presidente utiliza el decreto como amenaza o como promesa de que se derogará en caso de que el Senado apruebe lo que el Gobierno quiere. 

Frente a las tensiones institucionales por orden público, dijo que hay deficiencias en inteligencia para determinar quiénes controlan y cómo controlan las estructuras armadas, así como el eslabón internacional y la influencia de carteles mexicanos.

En el plano jurídico, José Fernando Mestre, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, explicó que la emisión del decreto implica desconocer un acto del Congreso de la república que fue el concepto desfavorable que se emitió el 14 de mayo, “en ese orden, se considera que es contrario a la juridicidad porque la norma dice que para desconocer acto del Congreso se requiere pronunciamiento de la justicia, no un desconocimiento unilateral. Hay una excepción de inconstitucionalidad que es improcedente y el decreto no tendría soporte normativo suficiente”. 

Sobre el posible prevaricato en el que incurrieron los ministros, dijo que el código penal establece que los servidores que profieren resoluciones contrarias a ley, incurren en prevaricato, “en ese orden, según lo planteado, el decreto es contrario a la ley, pues sería constitutivo de prevaricato. El tema de discusión es si se profiere con dolo y ahí es discutible donde hay razones atendibles para tener interpretación de que no sea prevaricato; el soporte jurídico que ha dado Montealegre podría ser utilizado como excusa de los ministros y del presiente para decir que no hubo prevaricato, pero la argumentación jurídica no sería sólida”.