En Jericó, persiste la división por proceso judicial contra 11 campesinos
Ahora, una organización pide que se respete los procesos judiciales.
Dos de ellos comparten el mismo nombre / Getty Images / Bruno Malfondet
Jericó, Antioquia
La controversia en el municipio de Jericó, en el Suroeste antioqueño, sigue creciendo luego de que la Fiscalía General de la Nación imputara a 11 líderes campesinos por su presunta participación en delitos como secuestro civil. Mientras algunos sectores aseguran que se trata de una persecución judicial contra quienes defienden el territorio y el medio ambiente, otros piden que se respeten los derechos de más de 50 personas que afirman haber sido víctimas.
John Jairo Henao, habitante del sector Puente Sucre y miembro de la comunidad de Castalia, expresó públicamente su preocupación. “¿Quiénes están detrás de todo esto? ¿Quiénes están instrumentalizando a estos campesinos para que pasen de ser personas pacíficas a violentas?”, cuestionó en un video difundido en redes sociales. Henao hizo además un llamado a la Fiscalía para que investigue más allá de los hechos ya conocidos y determine si hay intereses detrás de las acciones que hoy son materia de judicialización.
Por su parte, el colectivo Jericoanos con Visión, que representa a varias de las personas que se consideran víctimas, también se pronunció. “No se trata de una persecución política ni de criminalizar posiciones ideológicas. Se trata de hechos concretos vividos por decenas de personas, incluyendo bloqueos a vías públicas y retenciones a turistas. La protesta no puede convertirse en vía libre para la intimidación”, señalaron a través de un comunicado.
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Además, rechazaron lo que calificaron como una “campaña oscura” que busca desacreditar el proceso judicial. “Somos un colectivo ciudadano que lleva cinco años trabajando por el tejido social de Jericó. No podemos quedarnos callados mientras intentan frenar el actuar de la justicia”, afirmaron.
En contraste, organizaciones de derechos humanos y veedurías ciudadanas han manifestado preocupación por una posible criminalización del derecho a la protesta, como lo expresó recientemente la Defensoría del Pueblo. Según el organismo, la situación forma parte de un conflicto socioambiental estructural que debe ser abordado con un enfoque que trascienda lo penal y garantice el respeto a los derechos fundamentales.
Mientras tanto, la tensión social en Jericó continúa creciendo entre quienes exigen justicia por los hechos denunciados y quienes defienden a los imputados como líderes sociales comprometidos con la defensa del territorio. Desde distintos sectores, el llamado es a evitar la polarización, respetar el debido proceso y buscar salidas que permitan el diálogo y la convivencia pacífica en el municipio.
