Fico y Andrés Julián advierten quiebre institucional tras decreto de consulta popular de Petro
Tanto el gobernador del departamento, como el alcalde de Medellín, coincidieron en señalar que esta decisión pone en riesgo la institucionalidad y amenaza los principios democráticos del país.
Gobernador de Antioquia y Alcalde de Medellín
La firma del decreto por parte del presidente Gustavo Petro para convocar a una consulta popular desató una ola de críticas desde Antioquia. Tanto el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, coincidieron en señalar que esta decisión pone en riesgo la institucionalidad y amenaza los principios democráticos del país.
A través de su cuenta en X, el presidente Petro anunció: “He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo (…) son respondidos positivamente por el Congreso (…). Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”.
La reacción desde Antioquia no se hizo esperar. El gobernador Andrés Julián Rendón comparó la decisión con los regímenes de Cuba y Venezuela:
“Decían que no llegaríamos al Castrochavismo y hoy estamos frente al mismo libreto de dos regímenes autoritarios que son irrespetuosos de las instituciones, burlones de la democracia y peligrosos con las libertades”.
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Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue aún más directo en su advertencia: “Esto marca un antes y un después para Colombia. El presidente materializando su sueño de ser dictador. Hoy la institucionalidad está a prueba. Confiamos en la Justicia. Es el momento de que la Corte Constitucional siga siendo nuestro faro del respeto a la Constitución y la Ley. Nadie está por encima de la Ley”.
Ambos líderes manifestaron su preocupación por lo que consideran una ruptura del orden institucional y un intento de concentrar poder, al tiempo que hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que actúe como garante de la legalidad y la separación de poderes.
La propuesta de consulta popular ha sido presentada por el Gobierno como un mecanismo legítimo para consultar al pueblo sobre temas fundamentales para la transformación social del país. Sin embargo, para sectores de la oposición, representa una vía paralela al Congreso que podría socavar la democracia representativa.
La Corte Constitucional deberá ahora revisar el contenido del decreto y su conformidad con la Carta Política. Mientras tanto, el país entra en un escenario de tensión jurídica y política, con la democracia puesta en el centro del debate.
