Capturan en Santander al secuestrador de un empresario en Bogotá, debe pagar 43 años de cárcel
Exigía hasta 2 millones de dólares por la liberación de uno de los gerentes de la Compañía Internacional Agropecuaria.
Bucaramanga
Después de una investigación de la Fiscalía y policía Nacional Pedro Guillermo Bareño Martínez fue acusado de ser el responsable del secuestro de uno de los gerentes de la Compañía Internacional Agropecuaria.
El hoy condenado a 43 años y cuatro meses de cárcel fue culpado de ser el autor del secuestro del empresario en Bogotá.
La captura del ciudadano requerido por la justicia se logró en zona rural del municipio de La Belleza, Santander.
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Se le imputaron cargos por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tráfico, porte y tenencia de armas de fuego.
Bareño Martínez llevaba 18 años huyendo de la justicia. Después del aviso de la comunidad la policía lo encontró escondido en una finca de difícil acceso en la vereda Palacio, en La Belleza.
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Registraba una orden de captura emitida por el Juzgado 31 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
Esta persona participó en la planeación del secuestro del empresario el 13 de diciembre de 2006, cuando la víctima fue abordada por un Grupo de Delincuencia Común Organizada.
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Mediante un falso puesto de control, simulando ser funcionarios de la fuerza pública, interceptaron el vehículo en el que se movilizaba el gerente.
Le suministraron una sustancia química. Perdió el control de su sistema nervioso y fue trasladado a una finca del municipio de Nocaima en Cundinamarca.
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Durante los tres meses de cautiverio los secuestradores exigieron a los familiares del empresario el pago de 2 millones de dólares a cambio de su libertad.
El 16 de febrero de 2007 unidades de la policía nacional lograron el rescate del empresario.
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Años después de investigaciones, gracias al material probatorio, un Juez de Conocimiento llegó a la conclusión de que existía suficiente evidencia para demostrar la responsabilidad penal de Bareño Martínez.
El capturado fue puesto a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para establecer el establecimiento de reclusión donde cumplirá su condena.
