Clínicas y hospitales en Santander en crisis por deudas de la Nueva EPS

Bucaramanga

Es la Nueve EPS, la entidad promotora de salud que registra la mayor deuda con al menos diez clínicas y hospitales de Bucaramanga, quienes han dicho que están al borde del colapso. De acuerdo con la Secretaría de Salud municipal, de la deuda de más de $465 mil millones, el 54% la tiene Nueva EPS, el restante se divide entre Coosalud, Sanitas, Famisanar y Sura.

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La Secretaría de Salud, afirmó que esta crisis financiera está llevando al cierre de algunas clínicas y servicios en otros.

“$465 mil millones es la deuda, de los cuales $163 mil millones corresponde a una deuda impagable, impagable porque sucede antes de la intervención de estas EPS y nadie da razón de qué va a pasar con esa cartera. 163 mil millones de cartera que ha obligado a instituciones como la Clínica Chicamocha que cierre su unidad de partos, 17 camas de unidad de cuidado intensivo neonatal y que otras instituciones estén diciendo estoy a punto de empezar a cerrar servicios”, aseguró Claudia Mercedes Amaya, Secretaria de Salud de Bucaramanga.

Es entonces la Nueva EPS la principal entidad que por sus millonarias deudas, está afectando la prestación de los servicios en los centro médicos, como es el caso del Hospital Psiquiátrico San Camilo.

“Hoy nos vemos afectados por la deuda que asciende a más de $34.500 millones con todas las EPS, donde el mayor deudor de nosotros actualmente es la Nueva EPS, cartera que está intervenida también y que no nos dan respuesta. Hay meses como el que acaba de pasar de mayo, que no giran ni un solo peso y nosotros sí nos vemos en difícil situación de poder seguir prestando los servicios. Nueva EPS fue el único que no giró el mes pasado y no sabemos si este mes va a girar y todo lo poquito que llega tenemos que dividirlo entre todos nuestros proveedores, pero va a llegar un punto donde no se pueda más”, afirmó, Natalia Sofia Ojeda Ortiz, Gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo.

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Por su parte desde el Instituto de Salud de Bucaramanga (ISABU), también confirman que la situación más crítica la viven con Nueva EPS, que concentra más de 50.000 usuarios y con la que se acumula una deuda superior a los $6.000 millones. Hernán Zárate, Gerente del ISABU denunció que desde el 15 de abril no se están autorizando servicios médicos a los afiliados, a pesar de que existen contratos vigentes.

“Tenemos una dificultad bastante grande, pero es por parte de la Nueva EPS y es que a partir del 15 de abril nos manifiestan que no nos van a autorizar procesos o citas con la población de esta entidad, que en este caso yo tengo más de 50000 usuarios afiliados. ¿El por qué? Porque tienen un contrato con la comuneros. Y yo les pregunto ¿entonces qué va a pasar con esa población cuando llegue a mi hospital? cuando llegue al Hospital Local del Norte, personas vulnerables del norte de la ciudad, tendré que decirles disculpen, no los puedo atender aquí, váyanse para la Clínica Comuneros", manifestó.

Comunicado dirigido al Senado

Los gerentes de estas diez IPS en riesgo firmaron una carta solicitándole a la Comisión Séptima del Senado a que cite a un debate de control político con el ministro de Salud, la Supersalud y el ADRES, en el comunicado exponen seis exigencias en específico:

• Acción inmediata de la Comisión Séptima del Senado para establecer quién responde por la cartera anterior a la intervención de las EPS.
• Análisis de las carteras dejadas de pagar por las EPS liquidadas y definición de fuentes de pago.
• Reforma al decreto 2497 de 2022, que impuso tarifas diferenciales SOAT, sin un modelo operativo viable para asegurar el flujo de recursos.
• Plazos máximos obligatorios de pago por parte de la Adres y las aseguradoras SOAT, las EPS, el Fomag, las Fuerzas Militares en la Policía y sanciones efectivas por glosas injustificadas.
• Fondo de salvamento inmediato para las IPS en riesgo de cierre, con garantía del Ministerio de Salud y respaldo del gobierno central.
• Auditoría Nacional a la cartera EPS anterior a la intervención, con responsabilidad fiscal y penal para quienes la omitieron o evaden su pago.