16 exjefes paramilitares denuncian incumplimientos del Gobierno y renuncian a ser gestores de paz
En una carta enviada el presidente Gustavo Petro dicen su nombramiento fue simbólico y que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz nunca cumplió con sus compromisos ni gestiones
Mesa de diálogo entre gestores de paz y el Gobierno Nacional en Montería.
Bogotá
16 exjefes paramilitares que habían sido designados el año pasado como Gestores de Paz, por el Gobierno de Gustavo Petro, para que ayudaran a darle un cierre definitivo al proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, decidieron renunciar a esta designación.
Según explicaron en una carta que le enviaron al presidente Petro las razones que los llevaron a tomar esa decisión obedece al reiterado incumplimiento de los compromisos por parte de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
“La realidad demostró que estas designaciones en la práctica se convirtieron en un gesto meramente simbólico, puesto que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, OCCP, jamás tuvo la intención ni compromiso real para materializarlas, los incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas, la lesiva falta de transparencia, y la abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas, la falta de gestión efectiva y voluntad política por parte de dicha oficina han minado la confianza, haciendo imposible continuar ejerciendo nuestras Gestorías de forma eficiente y digna”.
En el documento relatan algunos hechos que para los exjefes paramilitares demuestran el incumplimiento y porque sostienen que su designación fue solo un simbolismo.
Aseguran que en una reunión con la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, se discutieron y acordaron temas cruciales como la instalación de la mesa para el cierre de Ralito, el seguimiento urgente al cumplimiento de los acuerdos allí pactados, y la urgente necesidad de ponerle punto final a la Ley 975 de Justicia y Paz. Sostienen que pese a que el Consejero de Paz, Otty Patiño y Álvaro Jiménez, se comprometieron y anunciaron la instalación de la mesa para el día 20 de mayo del 2024 como fecha límite, la pospusieron y fijaron como plazo improrrogable el 4 de junio de 2024.
Que de manera unilateral y sin explicación, decidió cambiar el enfoque de la gestoría y negar rotundamente la posibilidad de instalar la mesa de cierre de Ralito tal y como lo había anunciado públicamente el presidente. Los 16 exjefes paramilitares dicen en su carta que esa conducta, documentada y contrastable, demuestra que la parálisis del proceso no obedece a caprichos de ellos sino a la falta de congruencia y abierta insubordinación de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
Sostienen que durante ocho meses cumplieron cada instrucción escrita y verbal emanada de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
“Nada se movió, la OCCP no convocó a una sola mesa técnica ni asignó presupuesto. Solo un mes antes de que expirara nuestra gestoría su equipo apareció a pedir “planes de trabajo” incompatibles con los tiempos o fechas límites fijadas en las propias resoluciones, reflejo de la improvisación, y falta de compromiso de la oficina”.
En la carta dicen que pidieron una reunión plenaria urgente entre todos los gestores y que, tras mucho insistir, se programó la reunión pero que 48 horas antes de su realización fue cancelada sin explicación.
“Apenas 48 horas después, y sin alegar motivo técnico, jurídico o de seguridad, esta cita crucial fue inexplicable y unilateralmente cancelada por instrucción expresa de Otty Patiño, Álvaro Jiménez, María Paz Lara y Rodrigo Rojas. Estas acciones, además de frustrantes, sugieren una intención de deslegitimar el proceso de Santa Fe de Ralito”.
Los 16 exjefes paramilitares le piden una cita el presidente Gustavo Petro para saber de que forma pueden aportar a la paz del país sin tener relación con la Oficina de Consejero Comisionado de Paz.
