Carreteras sin construir y dineros entregados a brasileños: las razones de la deuda con Guatemala

El caso que involucra al actual embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ha generado una ola de reacciones en Guatemala y Colombia.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el periodista Luis Enrique González, jefe de redacción del medio digital República de Guatemala, explicó el trasfondo de las órdenes de captura emitidas por una cuestionada sala judicial de ese país.

El periodista guatemalteco aseguró que la decisión judicial ha generado un enorme interés mediático y político, especialmente porque Velásquez es recordado por su papel en la lucha contra la corrupción cuando lideró la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Bajo su gestión, se destaparon escándalos que provocaron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.

¿Qué se investiga?

La Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco ordenó la captura de Velásquez y Camargo por su rol en el acuerdo de colaboración que la CICIG hizo con ejecutivos brasileños de Odebrecht, a cambio de su testimonio sobre un millonario contrato vial que nunca se ejecutó.

“El proyecto consistía en una carretera de 140 kilómetros, valorada en 400 millones de dólares. Odebrecht recibió 255 millones, pero la obra nunca fue construida”, explicó González.

Además, señaló que este dinero no provino directamente del Estado guatemalteco, sino de préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica y de un banco brasileño, lo que significa que el país sigue pagando una deuda por una obra inexistente.

¿Quiénes eran los responsables?

Inicialmente, los principales señalados por la CICIG y la fiscal Thelma Aldana eran el excandidato presidencial Manuel Baldizón y el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Sin embargo, según González, estos personajes han quedado casi por fuera de la investigación actual, mientras que los testigos brasileños de Odebrecht, quienes habían firmado acuerdos de colaboración, ahora enfrentan órdenes de captura, pero nunca se han presentado ante la justicia.

Una exasistente de Sinibaldi, que también fue clave en el caso, está detenida, pero los convenios con Odebrecht se anularon. “A ellos se les permitió irse sin devolver el dinero. Se los acusa a Velásquez y Camargo de haber firmado ese acuerdo, afectando los intereses del Estado”, dijo el periodista.

División entre Gobierno y Fiscalía

El gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León rechazó en un comunicado la actuación judicial contra los exintegrantes de la CICIG, señalando que la medida carece de sustento legal y vulnera el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala que dio origen a la comisión.

“El gobierno actual y el Ministerio Público tienen una relación marcada por el conflicto, especialmente desde las elecciones de 2023. La Fiscalía promovió la cancelación del partido oficialista Movimiento Semilla, que llevó a Arévalo al poder”, indicó González.

Este conflicto institucional también ha sido resaltado por Estados Unidos, que mantiene sanciones contra la cúpula del Ministerio Público guatemalteco por presunta corrupción y obstrucción democrática.

¿Venganza judicial?

Analistas y medios en Guatemala, según González, consideran que esta orden podría interpretarse como una “retaliación política disfrazada de justicia”. La CICIG, que fue disuelta en 2019, dejó un legado de investigaciones profundas contra redes de corrupción. Ahora, quienes fueron investigados parecen haber retomado el control del sistema judicial.

“No hay carretera, el dinero se entregó, el país está endeudado y los responsables están libres”, concluyó González. “Ese es el núcleo del escándalo que ahora ha puesto a Iván Velásquez y a Luz Adriana Camargo en la mira de una justicia altamente cuestionada”.