Chiquita Brands apeló condena por financiamiento de paramilitares en el Urabá antioqueño
Un jurado en Estados Unidos obligaba a pagar 38 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá antioqueño.
Chiquita Brands tras decisión del Tribunal de Estados Unidos. (Imagen referencial). Foto: Cortesía.
La multinacional bananera Chiquita Brands apeló el fallo emitido por un jurado en Estados Unidos que la obliga a pagar 38 millones de dólares a las familias de ocho víctimas de la violencia paramilitar en el Urabá antioqueño.
La apelación fue presentada días después del histórico veredicto que consideró responsable a la compañía por financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado ilegal al que la empresa habría transferido millonarios recursos entre 1997 y 2004.
Sin embargo, la defensa de la multinacional sostiene que la compañía no fue victimaria, sino víctima de extorsiones. Según los argumentos presentados en la apelación, no existen pruebas que vinculen directamente a la empresa con los homicidios, y su responsabilidad se ha construido, aseguran, sobre testimonios manipulados.
Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros, organización que ha acompañado a víctimas del conflicto armado en procesos judiciales, explicó que la apelación se basa en la narrativa reiterada por Chiquita Brands de haber actuado bajo coacción de los grupos armados y no por voluntad propia.
“La multinacional bananera Chiquita Brands lo que busca es evadir el pago de 38 millones de dólares a las víctimas en Colombia, de la región de Urabá, por lo cual ya fue condenada en Estados Unidos. Argumentan ellos que no son victimarios sino víctimas de extorsiones y presiones de guerrillas y autodefensas”.
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En contexto
Por ahora, lo cierto es que sigue abierto un proceso penal contra diez empresarios vinculados a Chiquita Brands, acusados de concierto para delinquir.
Entre los argumentos dilatorios, se ha insistido en que la multinacional fue víctima de extorsión por parte de los paramilitares, una versión que ha sido desmentida por exjefes de las AUC y que, además, ya es un hecho comprobado en instancias judiciales.
Finalmente, si no se emite un fallo antes del 17 de septiembre de 2025, los empresarios involucrados quedarían libres de responsabilidad en este caso.
