Cierran procesos penales contra 34 militares por “falsos positivos” en Norte de Santander
Se trata de comparecientes no seleccionados como máximos responsables que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 15.
JEP Foto: Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images
Norte de Santander
La JEP concedió la renuncia a la persecución penal a 34 comparecientes de la fuerza pública que participaron en “falsos positivos” en Norte de Santander.
Según lo indicó la Justicia Especial para la Paz, estas personas “participaron en cuatro hechos cometidos en 2007 y 2008, en los municipios de Ábrego y Ocaña, en los que fueron asesinadas seis víctimas que fueron trasladadas mediante engaños desde Soacha (Cundinamarca) hasta Norte de Santander, donde fueron presentadas como supuestas bajas en combate y como integrantes de grupos armados ilegales sin serlo”.
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Las víctimas directas de estos hechos son: Camilo Andrés Valencia, asesinado el 7 de diciembre de 2007, en Ocaña; Fair Leonardo Porras Bernal, asesinado el 11 de enero de 2008, en Ocaña; Elkin Gustavo Verano Hernández y Joaquín Castro Vásquez, asesinados el 15 de enero de 2008, en Ábrego; y Yonny Duvián Soto Muñoz y Jaime Castillo Peña, asesinados el 12 de agosto de 2008, en Ábrego.
La Subsala Catatumbo de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP evaluó los aportes de verdad y reconocimientos de responsabilidad expresados por los comparecientes en tres audiencias llevadas a cabo en agosto y octubre de 2024, y en marzo de 2025.
Durante estas jornadas, las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de realizarle preguntas a los comparecientes sobre lo ocurrido con sus seres queridos, tomándose estas declaraciones como aportes a la verdad que permitieron reconstruir los ocurrido con las víctimas.
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Estas 34 personas demás dieron a conocer propuestas para la restauración de las víctimas, entre las que están “actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y de solicitudes de perdón; acciones dirigidas a dignificar y exaltar la memoria de las víctimas como civiles inocentes; el pago de algunas de las deudas que tenían los familiares de las víctimas con los cementerios en los que reposan sus seres queridos y la participación voluntaria de algunos comparecientes en proyectos restaurativos definidos por la Jurisdicción”.
Resaltó la JEP además que “todos los comparecientes ofrecieron garantías de no repetición y compromisos de no repetición”.
