Bogotá

Alcaldes piden al Gobierno aplazar obligación de alimentar a presos por falta de recursos

Solicitan que la USPEC continúe con esa responsabilidad mientras se define una solución nacional.

Foto: USPEC

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Colombia

A través de una carta dirigida al ministro de Justicia encargado, Augusto Alfonso Ocampo, el alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, solicitó al Gobierno Nacional que respalde con mensaje de urgencia e insistencia un proyecto de ley que busca prorrogar la responsabilidad de la alimentación de las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria, a cargo actualmente de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

“Si bien es cierto que los alcaldes deben ocuparse a partir del 01 de julio del año en curso de la alimentación de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria, también lo es que muchas entidades territoriales no cuentan con las condiciones técnicas, financieras ni logísticas suficientes para asumir plenamente esta competencia sin comprometer la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad de manera preventiva”, señaló el mandatario.

Municipios en riesgo: sin plata ni infraestructura

Sánchez Acosta advirtió que esta situación afecta sobre todo a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, que ya enfrentan limitaciones presupuestales para cumplir otras funciones y responsabilidades asignadas sin los recursos suficientes.

los municipios tienen limitaciones presupuestales para asumir esta nueva responsabilidad, situación que pone en riesgo los derechos de las personas detenidas., afirmó a través de su cuenta de X.

La petición también la hizo como presidente de la Federación Colombiana de Municipios, desde donde han participado en reuniones con el Gobierno Nacional, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la USPEC, para intentar construir una salida conjunta.

¿Qué proponen los alcaldes?

La carta plantea tres medidas concretas:

  1. Prorrogar el plazo estipulado en la Ley 2346 de 2024, que faculta a la USPEC para encargarse de la alimentación de los presos hasta el 30 de junio de este año.
  2. Evitar el traslado inmediato de esta competencia a los municipios, hasta que se defina si esta responsabilidad será nacional, territorial o compartida.
  3. Crear un plan articulado y verificable que permita garantizar los derechos de los detenidos sin improvisaciones.

“Es por ello que le agradecemos que desde su despacho nos apoyen adelantando las gestiones pertinentes para que la referida iniciativa legislativa que estamos promoviendo desde los gremios, cuente con mensaje de urgencia e insistencia por parte del Gobierno Nacional”, se lee en el documento enviado al Ministerio.

El plazo se agota

A menos de seis semanas para que venza la obligación actual de la USPEC, los alcaldes insisten en que no están listos para asumir esa carga. Advierten que hacerlo sin garantías pondría en riesgo la dignidad y los derechos de una población especialmente vulnerable: los miles de detenidos que permanecen en estaciones de Policía y centros de reclusión preventiva en todo el país.

La decisión ahora está en manos del Gobierno Nacional y del Congreso, que deberá decidir si responde al llamado de los mandatarios locales o si deja en firme la fecha límite del 1 de julio.

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