Asesinaron a un integrante de una JAC en El Bagre; los homicidas lo habían citado a una zona rural

El Bagre- Antioquia

El pasado domingo 11 de mayo fue encontrado sin vida y con varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo William Arnulfo Marín Amaya, de 39 años. Esta persona era el conciliador de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Castillo del corregimiento de Puerto Claver de El Bagre en el Bajo Cauca antioqueño.

Aunque el hecho se registró el pasado domingo, la noticia apenas se conoció de manera pública este miércoles. Aunque las autoridades tienen como principal sospechoso del crimen de esta persona al Clan del Golfo, aún no trascienden hipótesis de lo que generó este hecho violento.

Yesid Zapata, analista de los derechos humanos de la Fundación Sumapaz, indica que esta persona es reconocida como un líder social en el territorio por su labor dentro de la JAC. Además, explicó la hipótesis que se maneja en la zona.

“Este líder estuvo desaparecido el pasado domingo; fue citado por un grupo armado ilegal que hace fuerte presencia en la zona; se presume que es el Clan del Golfo. Lamentablemente, ese día fue asesinado y fue hallado sin vida en la zona, muy cerca de donde fue citado. Es necesario mencionar que esta zona es una zona de muy fuerte control y también de disputa entre grupos armados ilegales”.

El señor Zapata también manifestó que la cita a la que acudió la víctima se analiza como una situación de control social en los territorios y, si el requerido no va al lugar acordado, llegan a la casa y lo asesinan delante de la familia. Esto generalmente con integrantes de JAC o incluso presidentes de estas organizaciones.

El defensor de derechos humanos también advirtió que las comunidades de El Bagre y de otras poblaciones de la subregión del Bajo Cauca han estado siendo amenazadas por los grupos ilegales para que no denuncien los atropellos, amenazas y otras conductas ilegales.

“Nosotros también hemos recibido información de varios municipios en el Bajo Cauca donde los grupos armados le tienen prohibido a las comunidades atender a instituciones del Estado, instituciones como las personerías, el Ministerio del Interior, incluso Naciones Unidas, la Cruz Roja, a menos que se quieran convertir en objetivo militar de los grupos armados. Según la información que conocemos, cualquier persona que quiera hablar con cualquier institución inmediatamente será declarada como si fuera una especie de delator”.

Recalca que es por esa razón que las Juntas de Acción Comunal, los líderes y lideresas guardan silencio para no correr el riesgo de desplazamiento forzado o incluso causarles la muerte. Opina que este silencio obligado aumenta los hechos intimidantes ante el silencio de los inocentes campesinos.