Se ratificó condena contra el Municipio de Busbanzá por feminicidio ocurrido dentro de la alcaldía

Tunja

El Tribunal Administrativo de Boyacá determinó que el Municipio de Busbanzá fue culpable del feminicidio de Edilma Adame, al no garantizar las medidas de seguridad adecuadas para preservar su vida durante la audiencia que se iba a adelantar, presencialmente, con su ex pareja Alexander Terán, que ya la había amenazado de muerte.

Los hechos se originaron el 25 de octubre del 2021, cuando María Edilma Adame Calderón acudió a la Secretaría de Gobierno de Busbanzá para denunciar que su expareja, William Alexander Terán Adame, había compartido una fotografía íntima suya a través de redes sociales sin autorización. La denuncia fue presentada como una querella policiva por perturbación a la convivencia. Durante esa misma diligencia, la víctima manifestó expresamente que había sido amenazada de muerte por Terán en tres ocasiones.

La Secretaría de Gobierno del municipio convocó a las partes a una audiencia de conciliación que se realizaría el 2 de noviembre del 2021 a las 12 del mediodía, en el segundo piso del edificio de la alcaldía. A la diligencia asistieron la inspectora de Policía, la secretaria de Gobierno y dos auxiliares administrativas. El agresor ingresó al despacho con una chaqueta gruesa, botas de seguridad y una mochila.

De acuerdo con lo registrado en el expediente, mientras la funcionaria a cargo le explicaba el trámite a las partes, William se levantó, cerró la puerta con seguro, sacó un cuchillo tipo militar que llevaba oculto dentro de una de sus botas y atacó a María Edilma, quien se encontraba sentada. Luego de agredirla, él se autolesionó en el cuello. La funcionaria salió del despacho gritando, y cuando otros funcionarios entraron, encontraron a la víctima sin signos vitales y al agresor herido. Terán falleció poco después en el hospital de Corrales.

El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó que el Municipio tenía conocimiento previo de un conflicto latente entre las partes, que incluía querellas anteriores por perturbación a la convivencia, agresiones verbales, conflictos con los hijos de la víctima y un comparendo impuesto al agresor en marzo del 2021 por portar un bisturí en la vía pública. También se señaló que no era la primera vez que la víctima denunciaba amenazas por parte de su expareja.

Pese a esos antecedentes, el Municipio no adoptó ninguna medida de seguridad ni protección adicional para la realización de la audiencia. El fallo resalta que la administración no ofreció alternativas como la virtualidad para evitar el contacto directo entre las partes, no solicitó apoyo de la Policía Nacional y no evaluó los riesgos que implicaba el encuentro presencial.

En la sentencia se establece que el feminicidio ocurrió dentro de una actuación administrativa, en una oficina del municipio, con presencia de funcionarios, y en el marco de una situación de riesgo advertida con anterioridad por la propia víctima. Por tanto, el fallo concluye que el Municipio incumplió su deber de protección, al no actuar con la diligencia exigida por el contexto.

El Tribunal confirmó que existió falla del servicio por parte del Municipio de Busbanzá, lo que lo hace responsable del feminicidio ocurrido dentro de sus instalaciones. La decisión obliga a la entidad territorial a indemnizar a los familiares de María Edilma Adame Calderón por perjuicios morales, lucro cesante y daño emergente. Además, se ordenó la adopción de medidas para evitar la repetición de hechos similares. El caso se convierte en un campanazo sobre la responsabilidad de las administraciones municipales frente a la protección de personas en riesgo dentro de procedimientos administrativos.