Corte deja en firme condena contra exmagistrado Castellanos que recibió sobornos de paramilitares
El exmagistrado no podrá acceder a ningún mecanismo para la sustitución de la pena privativa de la libertad.
Exmagistrado de Justicia y Paz, Eduardo Castellanos(Colprensa)
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 8 años de prisión contra el exmagistrado de Justicia y Paz, Eduardo Castellanos Roso, por delitos relacionados con corrupción.
Esto luego de que se demostrara que el exfuncionario ayudó a dilatar el proceso del exjefe paramilitar Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera “El Mellizo”, del cual presuntamente recibió pagos y además a quien el funcionario mantenía al tanto de las decisiones que se adoptaban al interior de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que integraba durante los años 2013 al 2016.
Pese a los argumentos de la defensa del procesado, la Sala dio total credibilidad a las declaraciones de Marco Tulio Quintero Cano, abogado de Mejía Munera alias “El Mellizo”, quien se convirtió en testigo del caso.
“Escrutado en su integridad el relato incriminatorio de Marco Tulio Quintero Cano, el mismo inspira credibilidad, es consistente a nivel interno y externo, es coherente, racional y articulado con la información proporcionada por otros medios probatorios y se revela desprovisto de propósitos distintos al de denunciar hechos delictivos que vivenció, sin que la defensa lograra derruir su verosimilitud y desvirtuara los aspectos esenciales de los señalamientos en contra del acusado”, se lee en la providencia.
El alto tribunal afirmó que el exmagistrado “priorizó y privilegió intereses particulares del postulado, poniéndole precio a la loable misión de administrar justicia”, incurriendo en los delitos de cohecho propio y soborno en la actuación penal.
La condena proferida por la Sala especial de Primera Instancia de la Corte Suprema fue ratificada por la Sala Penal, por lo que el exmagistrado deberá cumplir una condena en prisión de 100 meses y 16 días, será inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, deberá asumir una multa de 625.02 salarios mínimos legales vigentes y no podrá hacer uso de cualquier mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad.
