Durante combates, ilegales habrían obligado a conductores a transportar combatientes en Remedios
En la tarde de este martes se reportaron fuertes combates entre grupos ilegales como Clan del Golfo y el ELN cerca de la vereda Caño Tigre.
Grupos ilegales. (Cortesía/Archivo )
Remedios- Antioquia
Caracol Radio ha recibido información de la población de Remedios en el Nordeste de Antioquia, la cual indica que cerca de la una de la tarde se inició un fuerte combate entre grupos que delinquen en la zona rural. La confrontación puso en riesgo la integridad de la población debido a intimidaciones de los criminales.
El combate se registra cerca del caserío de la vereda Caño Tigre. Este medio de comunicación ha conocido que algunas personas han sido intimidadas por los ilegales, incluso aseguraron que dos conductores de volquetas y uno de transporte público informal fueron amedrentados. Manifiestan que los habrían obligado a transportar combatientes a la zona de la confrontación, lo que significa que están involucrando a los civiles en el conflicto, además de ponerlos en riesgo. Ante esta situación solicitan de manera urgente una intervención de las fuerzas estatales para evitar que los campesinos sean aún más afectados, además, porque indican que, pese a que se ha denunciado el lugar de los campamentos, las fuerzas militares no han evitado esa expansión de las estructuras y los grupos cada día ocupan más territorio, recalcan las fuentes.
Otras acciones ilegales
Caracol Radio también conoció que el grupo Clan del Golfo reajustó los valores de la extorsión al comercio y mineros de las áreas de su influencia.
Por ejemplo, los negocios pequeños deben pagar 300 mil pesos, las cantinas o expendios de licor 500 mil. Los dueños de las fincas ganaderas deben pagar 15 mil pesos por cabeza. Mientras que los mineros, quienes tienen dragas, deben cancelar una cuota extorsiva de entre 300 y 500 mil pesos. Pero aquellos que tienen retroexcavadoras para la labor de la extracción del mineral, la exigencia va desde un millón a un millón 500 mil pesos. Todos deben pagar o se atienen a las consecuencias, lo que tiene en un temor evidente a las comunidades que padecen las reglas impuestas por este grupo y los otros que hacen presencia en el territorio.
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La situación es más compleja, como ya lo ha denunciado Caracol Radio en reiteradas ocasiones, debido a que el grupo le asegura a las comunidades que ellos tienen informantes en la fuerza pública y otras entidades de carácter público, lo que impide que denuncien de manera formal los atropellos.
