Víctimas del conflicto armado de Puerto Boyacá piden ser escuchadas por el Gobierno Nacional
Tras la salida de las 50 familias de Puerto Boyacá provenientes del Catatumbo, la comunidad víctimas del conflicto armado busca apoyo del Gobierno Nacional
La comunidad víctimas del conflicto armado de Puerto Boyacá le piden al Gobierno Nacional ser escuchados y apoyados / Foto: Suministrada.
Puerto Boyacá
Un total de 93 personas provenientes del Catatumbo, reconocidas como víctimas del conflicto armado, fueron trasladadas el pasado lunes 14 de abril desde Puerto Boyacá hacia Bogotá, en un proceso de reubicación temporal. Las familias salieron a bordo de los buses dispuestos por la administración municipal, tras permanecer por casi dos semanas en la Finca Las Palmas, del municipio de Puerto Boyacá.
El procedimiento, que se dio de manera voluntaria por parte de los desplazados del Catatumbo, generó ansiedad entre otros sectores vulnerables del municipio, especialmente en la comunidad de víctimas local, conformada por más de 5.000 personas, quienes ahora piden ser escuchadas y tenidas en cuenta en los procesos de entrega de tierras y titulación que actualmente se adelantan en el territorio.
“Las personas que han sido víctimas del conflicto armado en Puerto Boyacá están muy ansiosas de poder sentarse a hacer un trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad para las Víctimas. Esta situación nos lleva a una reflexión, es que efectivamente las autoridades, las entidades debemos trabajar de manera articulada, tanto las del orden nacional como departamental y municipal, justamente para poder atender en debida forma a las poblaciones vulnerables, como lo son estas víctimas del conflicto armado, la población afro y las asociaciones campesinas que también están reclamando tierras”, expresó Jaime Enrique Linares Basallo, personero de Puerto Boyacá.
El representante del Ministerio Público también cuestionó la falta de socialización y concertación previa en el proceso de traslado, lo que, según él, generó confusión y tensión en el territorio.
“A mí me tomó por sorpresa este proceso. Me comuniqué con la Procuraduría Provincial de Puerto Berrío, Antioquia, y con la Procuradora Regional de Boyacá, y ninguno tenía conocimiento de la reubicación de estas familias del Catatumbo en el municipio de Puerto Boyacá”, aseguró Linares Basallo.
El personero insistió en que procesos de esta magnitud deben adelantarse de forma clara y transparente, con la participación directa de las comunidades y autoridades locales, para evitar decisiones que, aunque bien intencionadas, terminen generando daño o afectaciones a otras poblaciones vulnerables del mismo territorio, como asociaciones campesinas o comunidades afrodescendientes.
