Advierten violación al principio de planeación en convenio para estudios del puente de Mirolindo
El abogado, Luis Felipe Aranzalez, aseguró que la gobernadora, Adriana Magali Matiz, está inmersa en problemas penales y disciplinarios por la firma del convenio con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A Enterritorio.

Vía Mirolindo Ibagué / Colprensa
Tolima
En diálogo con Caracol Radio el abogado, Luis Felipe Aranzalez, advirtió que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, estaría inmersa en un situación complicada a nivel jurídico por cuenta de una aparente falta de planeación en el proceso previo a la firma de un convenio con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. - ENTerritorio S.A. para la realización de los estudios y diseños para una obra en el sector de Mirolindo.
Aranzalez aseguró que no existe ningún estudio que determine que la construcción de este puente elevado sea solución viable para los problemas de movilidad de este sector de Ibagué, lo que deja serias dudas.
“Hemos hecho una análisis detenido por eso desde una perspectiva jurídica lo que tenemos que decir es que la gobernadora, Adriana Magali Matiz, está metida en un lio por falta de planeación en el momento de la celebración de ese convenio con Enterritorio”, manifestó el jurista.
A la vez Aranzalez confirmó que no existe el sustento jurídico de lo contratado, además resaltó que la administración tenía que contratar un diagnóstico, pero no apresurarse a decir cuál es la solución.
“La Gobernación pretende gastarse una suma cuantiosa para poder hacer los diseños de un puente elevado el cual incluso establece que debe tener una altura de 110 metros de luz, pero no hay un estudio, ni ningún documento que permita identificar que esa solución es la viable para la movilidad de esa zona”, resaltó.

Adriana Matiz y Johana Aranda
Aranzalez aseguró que lo primero que debió hacer la Gobernación fue un diagnóstico sin apresurase a decir cuál era la solución, porque no tienen soportes técnicos, afectando el principio de planeación.
“Acá lo que resulta grave es que la afectación al principio de planeación nos arroja la celebración de un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, lo que puede traer consecuencias penales y disciplinarias frente aun evento que puede que se haga de buena fe, en el derecho no tenía que haberse celebrado de esta forma”, afirmó Aranzalez.
Por otra parte, sostuvo que, la Gobernación del Tolima no tiene ningún sustento jurídico para asegurar que en la Glorieta de Mirolindo era la solución este puente elevado, por lo que Aranzalez estudia la posibilidad de entablar una denuncia formal contra la mandataria seccional.
“Esto podría traer a los funcionarios de la Gobernación unas posibles consecuencias fiscales por un presunto detrimento en relación con el pago de ese contrato o el pago especifico de esos diseños”, puntualizó.
Dato: el pasado 8 de abril la gobernadora, Adriana Magali Matiz y la alcaldesa, Johana Aranda, anunciaron que luego de realizar las mesas técnicas se acordó que la Gobernación del Tolima en alianza con la Alcaldía de Ibagué ejecutarán la construcción del viaducto de Mirolindo y la pavimentación de la vía alterna al barrio Salado desde la calle 103 hasta la 171, cuya ejecución se hará en dos tramos.



