“Mafia de los caza-vehículos”: El único usuario del parqueadero ilegal J&L es la rama judicial

UNIDAD INVESTIGATIVA

Crece el caso que hemos denominado “mafia de los caza-vehículos”, una red delictiva en la que estarían involucrados policías y jueces a nivel nacional, financieras y un parqueadero ilegal.

En el capítulo de hoy les contamos de la nueva orden de un juez para que se investigue este asunto, y de una vieja alerta que hizo la Procuraduría General, que fue ignorada y que terminó engavetada por la Rama Judicial.

La orden del juez para que se investigue

El juez 16 Civil de Bogotá compulsó copias a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Policía de Bogotá y a la dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que investiguen las actuaciones de quienes manejan J&L, porque quienes lo manejan estarían suplantando a las autoridades judiciales. (ver documento)

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Durante las últimas dos semanas, aquí en Caracol Radio, hemos advertido que ese parqueadero ilegal haría parte de una red delictiva dedicada a confiscar vehículos de manera irregular con algún tipo de problema con las financieras, para luego exigir a los propietarios entre $7 y $10 millones por su rescate.

Advierte el juzgado que en ningún momento ordenó la aprehensión del vehículo y tampoco se ofició a la SIJIN, que es la competente.

¿Qué advierte el juzgado?

Fueron policías de vigilancia que no tienen competencia para confiscar. Este nuevo caso sucedió a finales de febrero en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Indagamos con la víctima y confirmó que, le confiscaron el vehículo con documentación falsa y de manera inexplicable fue a parar a ese parqueadero en Guasca, Cundinamarca.

El auto del juez indica que ese parqueadero denominado J&L no puede abrogarse la facultad de utilizar la identificación de ese juzgado, el proceso y mucho menos para diligenciar documentación ya que, en ningún momento se le ha otorgado esa facultad o comisión, conducta o proceder que puede configurar en una posible conducta penal al estar suplantando a una autoridad judicial o de policía. (ver documento)

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Las advertencias de la Procuraduría General que fueron ignoradas por la Rama Judicial

Encontramos un oficio de tres páginas que data de mayo de 2023. Dice “Alerta uso parqueadero ILEGAL rama judicial”.

Desde esa época la Procuraduría General remitió la alerta a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial; a la dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y al Consejo Superior De la Judicatura – Sala Administrativa. (ver documento).

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El documento dice: “La situación antes expuesta resulta de suprema gravedad teniendo en cuenta, que el único usuario de dicho parqueadero es la rama judicial, toda vez que los vehículos que ingresan son resultado de inmovilizaciones ordenadas por los jueces de la República en el marco de sus procesos y según la información que reposa en este despacho, los vehículos inmovilizados no sólo provienen de Cundinamarca sino de varias regiones del país”. (ver documento).

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Desde el año 2019 la Rama Judicial no cuenta con parqueaderos para custodia judicial. Pese a ello, “se está utilizando un parqueadero abiertamente ilegal, que no sólo no cuenta con el debido registro, sino que, adicionalmente, se encuentra con orden de cierre por parte de las autoridades locales por no cumplir con las normas que sobre el uso del suelo esta procuraduría advirtió, violando indudablemente de igual manera los derechos de los ciudadanos que se han visto afectados por los abusos tarifarios, entre otros, tanto así, que existen sendas denuncias ante la Fiscalía”.

Pese a la alerta de la Procuraduría, dos años después, no se conoce respuesta alguna del Consejo Superior de la Judicatura.