Montería

Gobernador de Córdoba y alcalde de Montería rechazan día cívico declarado por el presidente Petro

Ambos mandatarios respaldan la libre expresión, pero advierten sobre riesgos administrativos y económicos.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde Hugo Kerguelén, no apoyan el día cívico.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde Hugo Kerguelén, no apoyan el día cívico.

Montería

El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este martes 18 de marzo como día cívico, una medida que busca fomentar la participación ciudadana en las marchas en defensa de la consulta popular propuesta por el Gobierno. Sin embargo, esta decisión ha generado reacciones diversas entre los mandatarios locales, quienes evalúan las implicaciones administrativas, financieras y económicas que conlleva.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba y presidente de la Federación Nacional de Departamentos, se refirió al respecto, destacando que, aunque respeta la autonomía del presidente, su administración no se acogerá al día cívico debido a las repercusiones que esto tendría en la prestación de servicios y en el manejo de los recursos del departamento.

Zuleta explicó que decretar un día cívico implica la suspensión de actividades esenciales, como la atención a ciudadanos con citas programadas y la ejecución del Plan de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a miles de estudiantes en el departamento. “Nosotros no podemos acogernos a este día cívico porque podríamos pecar administrativamente, y eso tendría repercusiones ante los órganos de control”, afirmó.

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El gobernador aclaró que, aunque no se sumará al día cívico, respalda el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica. “Quienes hagan parte de la administración departamental y quieran salir en apoyo a la consulta popular tienen todo el derecho de hacerlo”, señaló.

Además, destacó que su administración, en coordinación con la fuerza pública y las alcaldías, está tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante las movilizaciones.

Con anticipación

Zuleta también hizo un llamado al Gobierno nacional para que este tipo de decisiones se tomen con mayor anticipación, evitando así afectaciones a la planeación y ejecución de los recursos públicos.

“Las administraciones funcionan con plata pública, y debemos cuidarla. Por ejemplo, ¿quién repone el dinero de los 13,000 profesores del departamento o los recursos del PAE, que ascienden a aproximadamente 600 o 700 millones de pesos por día?”, cuestionó.

En su rol como presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Zuleta aclaró que no puede asumir la vocería de todos los gobernadores del país, ya que no se ha discutido una posición colectiva al respecto. Sin embargo, anunció que llevará el tema al grupo de gobernadores para definir una postura unificada. “El llamado es a que, si se van a promover este tipo de espacios, se haga con anticipación para evitar problemas disciplinarios o penales a los mandatarios locales”, concluyó.

Montería no se unirá

Por su parte, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, también se pronunció sobre el día cívico a través de su cuenta en X. El mandatario local afirmó que Montería no se unirá a la convocatoria del Gobierno Nacional.

“Hoy lunes, algunos comerciantes han convocado un paro que está generando afectaciones económicas. No podemos permitirnos parar durante dos días; el comercio necesita mantenerse activo, produciendo y generando ingresos para las familias y la economía local”, expresó.

Kerguelén reiteró su compromiso con la generación de empleo y el desarrollo económico de la ciudad. “Nuestro compromiso con la generación de empleo no se detiene. Cada día seguimos trabajando para crear las condiciones que nos lleven a alcanzar nuestra meta de 27,000 empleos. ¡Montería no para, trabaja!”, agregó.

La decisión del presidente Petro ha abierto un debate sobre el balance entre el apoyo a las movilizaciones sociales y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y la economía local. Tanto el gobernador de Córdoba como el alcalde de Montería han dejado claro que, aunque respetan el derecho a la protesta, priorizan la continuidad de los servicios y la actividad económica en sus territorios.

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