Fiscalía ni Policía investigan: alcalde de Guasca habla sobre parqueadero ilegal
El mandatario de ese municipio Wilfrido Cotes, habla sobre una problemática que ninguna autoridad judicial quiere investigar. Hay pistas que indican que el parqueadero ilegal J&L en zona rural, (vinculado a una presunta “mafia cazavehículos”) y a donde están llegando carros confiscados de manera irregular, sería de un mayor en retiro de la Policía Nacional
“FISCALÍA NI POLICÍA INVESTIGAN”: ALCALDE DE GUASCA SOBRE PARQUEADERO VINCULADO A “MAFIA CAZA VEHÍCULOS”
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Wilfrido Cotes, alcalde de Guasca, Cundinamarca
UNIDAD INVESTIGATIVA
Crece el escándalo de una presunta “mafia de caza-vehículos” que revelamos aquí en Caracol Radio desde el pasado domingo.
Esta presunta red involucra a policías, al parecer tiene la complicidad de jueces civiles y de entidades financieras (de las que aún reservamos su nombre). Esta sospechosa práctica consiste en quitarles los vehículos a la gente con documentos alterados y tendría alcances nacionales, pero ninguna autoridad judicial quiere investigar.
Un parqueadero de nombre J&L, que opera de forma ilegal en Guasca, Cundinamarca, es el centro de esta investigación. Lo hace pese a que no tiene permisos para operar como parqueadero en el municipio ni tiene autorización de la Rama Judicial para custodiar vehículos con supuestos problemas judiciales.
Compulsa de copias a la Fiscalía
Compulsa de copias a la Fiscalía
El modus operandi de “la mafia caza-vehículos”
Policías persiguen vehículos particulares con algún tipo de requerimiento judicial, especialmente conductores que se atrasan en una o dos cuotas con la financiera que les dio el crédito de compra del carro. ¿Cómo saben los policías que eso está pasando? Esto dicen algunas de las decenas de víctimas que nos contaron su caso.
VOCES DE VÍCITMAS DEL CASO "MAFIA CAZA-VEHÍCULOS"
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Una vez la policía confisca el vehículo, lo montan en grúa y lo llevan de manera ilegal hasta ese parqueadero llamado J&L en Guasca, Cundinamarca.
La “Triquiñuela” está en que tienen documentos oficiales de la Policía en los que los conductores, aparecen, sin que sea cierto, yendo de manera voluntaria desde Bogotá hasta Guasca para dejar su vehículo en ese parqueadero.
Los conductores incluso obtienen la orden un juez civil para que les devuelvan los vehículos, por aprehensión irregular, pero los dueños del parqueadero usan esos papeles para incumplir la orden y, por el contrario, exigir millonarias sumas por la devolución, aduciendo una tarifa por la custodia del vehículo. Algunas de las víctimas manifestaron haber pagado entre $6 y $10 millones para rescatar su carro.
El documento sospechoso del parqueadero J&L
El documento sospechoso de la Policía
Desesperados en la alcaldía de Guasca. Autoridades judiciales no hacen nada
Buscamos al alcalde de Guasca, Cundinamarca, Wilfrido Cotes, quien le dijo a la Unidad Investigativa de Caracol Radio que este problema no es solo para bogotanos, sino que se convirtió en un dolor de cabeza de nivel nacional. Hay casos de vehículos incautados en Barranquilla, en Yopal, en Tunja o en Tolima, que llegan a ese parqueadero en Guasca.
El alcalde confirmó que ese parqueadero es ilegal y que a pesar de que ya lo han sellado en dos ocasiones, no lo ha podido cerrar de manera definitiva. ((ver entrevista))
Amenazas a funcionarios por sellar parqueadero ilegal
Al inspector de policía, Jose Mauricio Rincón, lo amenazaron porque ordenó el cierre de ese parqueadero. Confirmó que ese parqueadero ilegal J&L cobra entre $6 y $10 millones a los conductores para rescatar su vehículo.
La Unidad Investigativa indagó, hay pistas de que el verdadero dueño de ese parqueadero ilegal sería un mayor en retiro de la Policía.
El inspector, con voz temblorosa dijo lo siguiente: ((ver entrevista))
¿Lavada de manos de la judicatura?
Los jueces civiles se enteran de que esos carros fueron a parar a un parqueadero ilegal, no pasa nada. Estas son las respuestas que la judicatura le ha dado a la alcaldía de Guasca. Habla Zaida Peñuela, ella es la asesora jurídica de ese municipio. ((ver entrevista))
Policía, Fiscalía y judicatura no quieren investigar
En la Policía Nacional se limitaron a remitirnos a la Policía de Bogotá y ayer expidieron un escueto comunicado diciendo que se abrió una indagación disciplinaria.
En la Fiscalía no se mueve un solo papel desde hace dos años y no hay respuestas de nada.
Y en el Consejo Superior de la Judicatura dicen que es un asunto local y no nacional. Conclusión, ninguna autoridad judicial quiere investigar este caso, mientras tanto, policías siguen confiscando vehículos de manera irregular, los siguen enviando a un parqueadero ilegal en Guasca, Cundinamarca, y ese parqueadero, cuyo dueño sería un mayor en retiro de la Policía, sigue haciendo su “negocio redondo”.
