¿Es la corrupción un problema de práctica política o de falta de normas?

En Hora20 arrancamos la semana con un nuevo capítulo de las divisiones, peleas y escándalos de posible corrupción al interior del Gobierno nacional, esta vez protagonizado por el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Una mirada a la corrupción, de los tiempos de denuncia y de estas peleas en el gobierno. Después, el análisis a lo que busca Colombia con la eliminación de la hoja de coca como sustancia dañina.

Lo que dicen los panelistas

Para Gabriel Cifuentes, exsecretario de Transparencia de la Presidencia, abogado, profesor universitario y columnista, en Colombia para construir un puente se necesitan más abogados que ingenieros, “Ley 80, 1150, Colombia Compra Eficiente, políticas de datos abiertos. El marco jurídico es lo suficientemente amplio”, en esa medida, dijo que hay marco normativo, pero que es un problema de prácticas políticas, “es un problema de cultura”. Detalló que en el país se creó una cultura política clientelar, burocratizada y que se generan prácticas indebidas. Recordó que el artículo 200 del PND establece un plan nacional de lucha contra la corrupción, “aparte de un decreto escuálido, no hay estrategias contundentes para hacer frente a un fenómeno que este gobierno en campaña lo denunció”. Ante ese panorama, dijo que la transparencia debe ser instrumental para el cambio de prácticas corruptas, “hay distancia enorme entre el discurso del Gobierno y los hechos. Prácticas clientelares presuntamente sí hacen parte de un esquema de corrupción que vive en la entraña del Gobierno”.

Mónica Pachón, profesora en la Universidad de los Andes, politóloga, PhD en Ciencia Política y experta en sistemas presidenciales, planteó que lo que estamos viendo el día de hoy es la evidencia de un problema estructural en el servicio civil colombiano, “hay dilemas en cuanto a nombramientos, la pasividad para contratar personas y hacer cosas indebidas”, donde considera, hay un problema de la función pública para reglamentar. De otro lado, señaló que el gobierno empieza a fragmentarse y empiezan a haber luchas de poder, “entonces aquí se hunden todos”, sentenció.

Detalló que las recomendaciones no deberían ser un problema, pero dijo que sí debe haber un análisis de las hojas de vida, “se ha demostrado que hay experiencia y que quienes ejercen poder público tienen experticia. Pero hemos visto la destrucción de la capacidad de experiencia en la rama Ejecutiva en niveles difíciles, hoy en día ante la facilidad institucional de romper barreras, entonces no hay respeto por el servicio civil que existía en contratación pública de prestación de servicios”.

Resaltó que sí hay un problema de normas, “han tratado de cambiar reglamentos de funciones y requisitos para vincular personas y eso es grave porque se destruye la capacidad técnica con el nombrando de activistas donde se debe nombrar gente con conocimiento”.

Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, abogado, expresidente de la Fiduprevisora, dijo que cuando un presidente llega, no conoce para nombrar 500 personas, eso es cierto, “el problema está en que por qué hoy Reyes hace esto”.

Resaltó que Reyes chantajea y suelta a pedazos porque busca una vitrina para consolidar un nombre, “busca revancha porque dentro de lasacciones su facción perdió. Él no debió ser ministro, nos llevó a resultados terribles, déficit, bajo recaudo y lo premian como ministro”.

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, dijo que le “encanta” lo que está pasando al interior del Gobierno, pues cree que es un ejercicio de transparencia cuando el país ha transitado por caminos en los que hay robos de contratos y de los recursos públicos, “sí estoy de acuerdo en que las personas puedan proponer un nombre, el delito es cuando hay intercambio en el favor por el nombramiento, seguramente a muchos ministros les proponen personas. La responsabilidad está en quien lo nomina”. También dijo que ojalá todos los políticos dijeran quien es cuota de quien y que sean los ciudadanos quienes puedan castigar a quienes lo hacen mal o toman una decisión equivocada.