Cartagena

Colombia podría enfrentar una grave crisis energética debido a los bloqueos anunciados por la comunidad de Barú y Ararca a la Sociedad Portuaria El Cayao, responsable de aproximadamente el 40% de la producción de gas en el país.

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La situación surge tras un fallo judicial proferido por la fiscalía 17 seccional de Cartagena, que ordena la restitución del predio donde opera la gasificadora a la comunidad de Barú, en el marco de un proceso penal que concluyó con la presunta comprobación de fraude en la compraventa del terreno.

El proceso, con radicado 255.819 de 2018 en la Fiscalía 17 Seccional de Cartagena, determinó que presuntamente la Sociedad Portuaria El Cayao S.A.E.S.P. y la Helm Fiduciaria Itaú no tienen derechos sobre el predio denominado “El Cayao”, dado que la compraventa se realizó con supuestos documentos falsificados.

Con base en ello, el 28 de octubre de 2024, la Fiscalía ordenó la restitución del terreno a los nativos de Barú, un fallo que quedó en firme tras el rechazo de diversas tutelas interpuestas por las empresas involucradas.

A pesar de la orden de restitución, la Sociedad Portuaria El Cayao no ha devuelto el predio, manteniendo la posesión del terreno.

Esto ha desatado tensiones en la zona, con la comunidad de Barú exigiendo el cumplimiento de la decisión. Como medida de presión, la comunidad ha anunciado un inminente bloqueo de las instalaciones de la Sociedad Portuaria El Cayao, lo que pondría en jaque la producción y distribución de gas en el país.

Los abogados de las víctimas en este proceso, Yordano Beleño Pitalúa y Óscar Fidel Prada Ferrer, denunciaron un presunto tráfico de influencias en el caso. Según el jurista, el abogado de la Sociedad Portuaria El Cayao, Francisco Sintura Varela, supuestamente habría utilizado su influencia como exvicefiscal general de la Nación para intervenir en el proceso. “Como parte de estas maniobras, el 3 de marzo de 2025, el expediente del caso fue trasladado a Bogotá sin previo aviso a las víctimas ni a la Dirección Seccional de Fiscalías”, aseguró Beleño. Esta situación ha generado preocupación entre los actores del litigio.

En respuesta, la comunidad de Barú ha intensificado su postura, rechazando cualquier intervención que desconozca la decisión judicial y preparando medidas de hecho para hacer cumplir el fallo. De concretarse el bloqueo anunciado, Colombia enfrentaría una crisis de abastecimiento de gas, afectando sectores estratégicos de la economía nacional.

SPEC LNG asegura que es el legítimo poseedor

El pasado mes de febrero, a través de un comunicado de prensa SPEC LNG reafirmó que es, por conducto de la Fiduciaria Itaú, el legítimo poseedor y titular de derechos sobre el predio ubicado en Barú (Cartagena), donde opera su terminal portuaria de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL).

“Este predio fue adquirido desde el 14 de diciembre de 1992 con justos títulos y buena fe. Ni SPEC LNG ni ninguno de sus funcionarios han sido vinculados a proceso penal alguno. Por el contrario, en desarrollo de procesos civiles adelantados por estos mismos reclamantes, obtuvo decisiones favorables”, expresaron.